La Consejería de Educación subvencionará con 2,3 millones de euros las universidades públicas de Castilla y León para comenzar el próximo curso con los cursos de microcredenciales universitarias, que serán 2.273 hasta 2026. Se trata de formaciones breves, flexibles, modulares y orientadas a la adquisición de habilidades y competencias concretas requeridas en el ámbito laboral.
Con motivo de su comparecencia en la Comisión de Educación del Parlamento autonómico para analizar el grado de cumplimiento de los objetivos de su departamento para la legislatura, Lucas señaló que es un formato de cualificación y recualificación de personas entre 24 y 65 años que proporcione una primera oportunidad para estudiar en la universidad a personas adultas que no cumplen los requisitos de acceso tradicionales.
La consejera explicó que estas nuevas microcredenciales universitarias podrán ser presenciales, semipresenciales o virtuales y con formato breve (siempre menos de 15 créditos ECTS). Y una parte de esta oferta irá orientada a colectivos de personas que presenten alguna situación de vulnerabilidad o que requieran de una atención prioritaria y/o presenten necesidades formativas específicas.
Rocío Lucas destacó el esfuerzo realizado durante los últimos años por la Junta de Castilla y León en el ámbito universitario, que se traduce en la bajada del precio medio de las primeras matrículas. Recordó que estudiar en las universidades públicas de la Comunidad es un 37 por ciento más barato que hace un lustro y ya está entre las regiones con los precios públicos más bajos de España. “Queremos que estos precios sean aún más atractivos. Para el próximo curso ya es efectiva una nueva bajada adicional de los precios de la primera matrícula de grado de un 9,4 por ciento, sobre los precios del curso 2023-2024”, detalló.
EBAU única
Respecto a las desigualdades de la EBAU, la titular de Educación destacó la importancia del acuerdo suscrito el pasado lunes en Salamanca por las comunidades gobernadas por el PP para lograr una prueba común en sus territorios lo más homogénea posible, una iniciativa que está abierta a quien quiera sumarse. “Hasta que el Ministerio quiera acceder a esta reivindicación”, aseveró Lucas.
La consejera recordó que la Junta ha incrementado en esta legislatura la cuantía de las becas generales y ha incorporado ayudas para la realización de másteres universitarios. Rocío Lucas también se refirió a la apuesta de la administración autonómica por el refuerzo de los campus exteriores, a través de nuevas infraestructuras -la Escuela de Enfermería y la Escuela de Ingenierías Agrarias en Palencia o la Escuela de Enfermería de Segovia- o de nuevas titulaciones -Grado en Nutrición Humana y Dietética en el campus de Ponferrada o el de Seguridad en el de Ávila-.
Por último, la consejera de Educación se refirió al firme compromiso del Gobierno de Castilla y León con los investigadores de la Comunidad. Para ello, además de mantener las importantes ayudas a la contratación de personal técnico, predoctoral, postdoctoral y distinguido, se pondrán en marcha nuevas líneas dirigidas a la consolidación y a la internacionalización de este talento y se retomará la convocatoria de ayudas a los Grupos de Investigación Reconocidos (GIR).
Otra de las iniciativas estratégicas y más singulares de la Comunidad es la conocida como Escalera de Excelencia. Hasta el momento, Castilla y León cuenta con nueve estructuras de investigación reconocidas que constituirán una Alianza de Estructuras de Investigación de Excelencia como foro de encuentro y referencia. A esta iniciativa se han destinado hasta ahora más de 15 millones de euros y durante el próximo periodo se dedicarán, al menos, otros 10,5.
Para conseguir que ese conocimiento creado en las universidades llegue al tejido productivo de la Comunidad se ha aprobado ya en esta legislatura el nuevo Plan de Transferencia de Conocimiento Universidad-Empresa 2023-2027 (TCUE), con un importe de 10 millones de euros, y se ha creado el Portal de la Ciencia y la Tecnología con un presupuesto de 5 millones de euros.
Críticas a las leyes de universidades y FP
Por último, la consejera manifestó que la nueva Ley de Universidades (LOSU) causa “tantos” problemas a todo el sistema universitario español, además de genera un gran rechazo. “Sigue existiendo una gran preocupación e incertidumbre en nuestras universidades por esta ley impuesta sin diálogo y sin financiación. Por ello, seguiremos reclamando al Gobierno de la Nación que, una vez que se hayan definido los costes reales de su implantación, asuman la responsabilidad de financiarlo”, declaró.
También hubo críticas a la Ley de Formación Profesional, al considerar que es “manifiestamente mejorable” y no aporta ninguna solución a los problemas que actualmente tiene el sistema de FP. No en vano, apuntó que es un ley que ha generado mucha burocracia, que no quiso tener en cuenta las peculiaridades de comunidades como la de Castilla y León, con una amplia dispersión de pequeñas empresas en el territorio, que no ha pensado en los estudiantes del medio rural.
Denunció que la ley llama “formación con carácter dual” a lo que ya se venía haciendo desde 1990 con el nombre de módulo de Formación en Centros de Trabajo, solo por el hecho de incrementar el periodo de estancia en la empresa del 18 al 25 por ciento, pero que impide compensar económicamente al alumnado si no se suscribe un contrato formativo con la empresa.
Además, lamentó que la ley no aprobó la normativa de desarrollo en el plazo establecido, lo que supone un “serio” problema para que las comunidades autónomas puedan redefinir, en un plazo mínimamente razonable, la actualización de los currículos de todos los ciclos formativos, más de 120, o la nueva organización de los centros educativos que imparten estas enseñanzas. Por último, criticó que el Ministerio ha incumplido sus propios calendarios y no ha publicado la normativa básica que modifica todos los títulos de FP, y que afectan al inicio del curso 2024-2025, hasta el pasado 28 de mayo. “Es decir, con un año de retraso sobre lo que sería necesario para que comunidades autónomas tengamos el tiempo mínimo suficiente para tramitar los Decretos que estos cambios de normativa básica requieren. Y hay que recordar que nosotros no podemos hacerlo sin la publicación previa de la normativa básica del Estado con tiempo suficiente”, declaró.
Citó la problemática generada por la imposición del Gobierno central de incluir en el sistema de Seguridad Social al alumnado de Formación Profesional y otras enseñanzas que realicen prácticas formativas en empresas. Una decisión que, precisó, ha sido impuesta sin escuchar a nadie, pese a que las cargas económicas y de gestión derivadas de esa decisión han recaído en las comunidades autónomas. Hasta el punto que cifró en un coste añadido de 3,4 millones de euros para el año 2024, entre el de las cotizaciones y el del personal necesario para gestionarlo. “Y todo, sin financiación alguna del Gobierno central”, sentenció.