La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha realizado durante este lunes una operación que, por el momento, cuenta con 14 personas detenidas y más de una decena de registros en domicilios y empresas. Todo ello relacionado por un presunto fraude contra la Hacienda Pública que supera los 180 millones de euros y que se habría llevado a cabo a través de empresas de hidrocarburos.
Está dirigida por la Audiencia Nacional en coordinación con la Fiscalía Anticorrupción y, tal y como ha podido saber Salamanca24horas.com, uno de esos registros se ha llevado a desde las 8:00 horas de este lunes en un domicilio situado en San Cristóbal de la Cuesta. Además, entre los detenidos, tal y como han informado varios medios nacionales, se encuentra el expresidente del Zamora CF, Víctor de Aldama, así como su socio Claudio Rivas, al que también le constan algunas empresas con supuesta actividad en el barrio de la Prosperidad de Salamanca.
La operación, que se lleva bajo secreto de sumario según ha asegurado a este medio de comunicación el departamento de prensa de la Audiencia Nacional, está siendo dictada por el Juzgado Central de Instrucción Número 5, dirigido precisamente por el salmantino Santiago Pedraz..
Una empresa creada en Salamanca y trasladada a Córdoba
A través de un comunicado se ha informado de las mencionadas detenciones y los registros que se habrían efectuado en diferentes provincias de España, pero con mayor incidencia en la provincia de Salamanca, junto a Madrid y Cáceres.
Precisamente, este medio de comunicación ha podido confirmar que uno de los registros que se ha llevado a cabo en la provincia charra, ha tenido lugar en un chalet adosado de la calle Fuentes de San Cristóbal de la Cuesta, vivienda donde figuraba -puesto que después se modificó- como domicilio fiscal una empresa de hidrocarburos que presuntamente formaría parte de la trama y que se encuentra en concurso de acreedores desde principios de año.
Una sociedad limitada que contiene el nombre de la ciudad, que se creó con este domicilio en noviembre de 2022 y con un capital social de 3.000 euros. Según los datos del BORME, solo cuatro meses después cambió de administrador, que a su vez modificó la sede social de la empresa trasladándola a Córdoba.
La vida de la sociedad no tuvo mucho recorrido y en enero de 2024 ya se encontraba en concurso de acreedores, coincidiendo esta forma de actuar con el supuesto modus operandi que está investigando la Audiencia Nacional.
Una "serie de entramados societarios instrumentales, utilizados tanto para el fraude contra la Hacienda Pública como para el blanqueo de los fondos ilícitamente obtenidos"
Tal y como ha informado a través de un comunicado de prensa la Fiscalía Anticorrupción, el presunto grupo criminal está siendo investigado por contar con una "serie de entramados societarios instrumentales, utilizados tanto para el fraude contra la Hacienda Pública como para el blanqueo de los fondos ilícitamente obtenidos".
Del mismo modo han explicado que "a diferencia de otras organizaciones criminales comunes, el tipo de estructura criminal sobre el que se está trabajando, conlleva una elevada complejidad para la investigación, ya que su actividad en un sector legal como el de los hidrocarburos, sumado a los millonarios beneficios obtenidos en periodos de tiempo muy cortos, permiten a estas organizaciones posicionarse en determinados estamentos con diferentes esferas de poder, consiguiendo una alta capacidad de corrupción sobre funcionarios de la Administración".