El juicio por el crimen de Y.M , acaecido en Santa Marta de Tormes en vísperas de la noche de reyes el pasado año, finalizó ayer martes, 24 de septiembre, tras dos días de sesión en las que declararon testigos, peritos, Guardia Civil, médicos forenses y el propio acusado.
Al tratarse de un juicio celebrado con jurado popular, éste comenzó su deliberación a primera hora de la tarde de ayer, concretamente, a las 16:30 horas; sin embargo, no ha sido hasta las 12:45 horas de este miércoles cuando se ha hecho público el veredicto de los nueve miembros que conforman el jurado popular.
Esta decisión, producto de una deliberación que se ha prolongado poco menos de 24 horas, califica el crimen de Santa Marta como un asesinato con agravante por desprecio de género.
Además, el jurado popular no es partidario de la suspensión condicional de la pena.
Durante la exposición ante la sala de su veredicto, el jurado popular ha hecho constar que los hechos han sido probados por la mayoría de los miembros del mismo, a excepeción de uno de ellos.
Han hecho constar, y así lo han manifestado refiriéndose a las declaraciones de los agentes de la Guardia Civil, que el acusado se encontraba en un estado normal tras la perpetración del crimen.
Asimismo, han dictado que la víctima no tuvo posibilidad de defenderse de los golpes por encontrarse atada y tampoco, en los vídeos y fotos enviados por D.G, se veía ninguna señal de defensa por parte de Y.M.
El jurado popular también ha referido en su veredicto que sí se produjo una inmersión de la víctima en el agua, tal y como declararon los forenses explicando que, durante la autopsia, comprobaron que los pulmones de la víctima estaban llenos de agua, provocándole la muerte por anoxia producto de la asfixia.
Petición de penas
Vista el acta del veredicto y las conclusiones del jurado popular, los miembros del mismo han ratificado los hechos declarados y probados y han manifestado que en los citados, concurren circunstancias de un delito de asesinato con agravante de ensañamiento.
Por ello, solicitan al tribunal 25 de años de prisión para el acusado y 10 de libertad condicional.
Por parte del ministerio fiscal, la pena solicitada también ha sido de 25 años, sumada a la obligación de pago de indemnizaciones.
La defensa, por su parte, solicita la pena mínima de 15 años pero, eso sí, no se opone a la libertad vigilada.
Queda la causa, entonces, vista para sentencia.