La incomparecencia del acusado, el dueño de los clubs de Calvarrasa de Abajo y Pedrosillo el Ralo, ante el juez de la Audiencia Provincial ha obligado al juez a suspender por segundo día el juicio contra L.M.C., al que se le imputan delitos de trata de seres humanos, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal. Tanto la Fiscalía como los letrados de la defensa, han solicitado esta mañana ante el presidente de la Audiencia Provincial la suspensión de la vista, así como retomarla cuando sea encontrado.
Contra él ahora pesa, además, una orden de busca y captura para su ingreso en prisión provisional. Este lunes, 13 de diciembre, estaba fijada la primera sesión del juicio que también tuvo que ser suspendida tras manifestar L.M.C. que se encontraba confinado en su domicilio por ser contacto estrecho de un positivo. Ante tal hecho, no aportar pruebas y las dudas del presidente del Tribunal, se mandó a agentes de la Policía Nacional a su lugar de residencia, que finalmente no dieron con su paradero por lo que horas después se emitía una orden de busca y captura para su ingreso en prisión provisional para asegurarse la presencia del acusado este martes ante el Alto Tribunal, un hecho que tampoco ha llegado a producirse tras no haber dado los agentes con su paredero por lo que este martes también ha tenido que volver a suspenderse.
Dicha vista es el resultado de la 'Operación Asistentes', llevada a cabo por la Guardia Civil en el 2018 en la que L.M.C. es el único acusado tras denegar Venezuela la extradición del otro de los cabecillas. La Guardia Civil desmanteló entonces en Salamanca un grupo criminal dedicado a la trata de seres humanos con fines de explotación sexual que permitió la liberación de 13 víctimas y la incautación o bloqueo de más de dos millones de euros en bienes, productos financieros y un total de 27 vehículos.
Según fuentes policiales, seis personas fueron detenidas procediendo a la desarticulación de un grupo criminal dedicado a la trata de seres humanos y la explotación sexual de mujeres. Los ocho registros ejecutados en viviendas de Salamanca permitieron la liberación de 13 víctimas y la incautación de 2.115.877,07 euros en bienes, 214 productos bancarios, 105 productos financieros y 27 vehículos.
La organización criminal estaba compuesta por ciudadanos de diversas nacionalidades que se dedicaban a engañar a mujeres en sus países de origen, especialmente Venezuela, donde se encontraba el principal captador de la organización. Ya en España eran informadas de la generación de una deuda con la organización, que sólo podían saldar mediante el ejercicio de la prostitución. Los locales donde estaban las víctimas en régimen de semiesclavitud eran regentados por la organización, que las amenazaba con atentar contra la vida de sus familiares en el país de origen.
Según los agentes, los miembros de la organización tenían sus funciones perfectamente delimitadas, desde el máximo responsable, pasando por el captador y los transportistas de las víctimas. Las trabajadoras de los clubes actuaban de controladoras e informadoras de las actividades de todas las mujeres que ejercían la prostitución en los clubes vigilados. De forma paralela, la organización contaba con ocho empresas usadas para el blanqueo de los capitales obtenidos. Además, los integrantes de la red desarticulada adoptaban medidas de seguridad extraordinarias, utilizando varios números de teléfono para obstaculizar las investigaciones policiales y variando itinerarios en sus desplazamientos para detectar posibles vigilancias.
El cabecilla de la organización y el captador de las víctimas pasaron entonces a prisión preventiva hasta que el juez dictó su puesta en libertad provisional. Ahora, L.M.C. se enfrenta a más de 25 años de prisión y a una multa de casi 2 millones de euros, tal y como pide para él el Ministerio Fiscal en su escrito de calificación.