El maltrato animal volvió a situarse el pasado año a la cabeza de los delitos perseguidos por el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) en Castilla y León con 47 personas detenidas o investigadas, quince más que el pasado año (+46,8 por ciento), a las que hay que sumar otras 16 por abandono de animales domésticos.
En contra de lo que podría parecer, este incremento ha sido ajeno a la entrada en vigor de la Ley de Bienestar Animal, el pasado mes de septiembre, según explicó el coordinador del Seprona en Castilla y León, el comandante Juan Manuel Vicente Martín, puesto que la mayor parte de las conductas de maltrato son infracciones penales, contempladas por una reforma del Código Penal que entró en vigor en abril.
La mayoría de los casos del maltrato animal estuvieron relacionados con malas prácticas en explotaciones ganaderas, especialmente en granjas de ovino y los casos más habituales son la posesión de un animal doméstico al que se tiene atado o encerrado y al que no se atiende.
Tras el maltrato, los delitos de caza se situaron en segundo lugar con 38 detenidos. En este caso, buena parte de las investigaciones se deben a la citada reforma del Código Penal que en la actualidad contempla como delitos conductas que anteriormente era solamente infracciones administrativas, como el entrar a cazar en coto ajeno y cobrar una pieza.
En tercer lugar aparecen los urbanísticos con 27 investigados, que en buena parte están provocados por construcciones ilegales en suelos rústicos no urbanizables. Después se encuentran los delitos contra los recursos naturales (24), fauna y flora (24) e incendios forestales (22). En total, los agentes del Seprona detuvieron o investigaron en la Comunidad a un total de 371 personas el pasado año, frente a las 347 del 2022 (+6,9 por ciento).
Por provincias, Valladolid se situó en cabeza con 73 detenidos o investigados, por delante de Ávila, con 53, de Zamora (44) y León (43). En el extremo opuesto se situó Segovia, con 11, seguida de Soria (32), Salamanca (35) y Burgos (38).
Incendios
Con relación a los incendios forestales y después del dramático 2022 que se cerró con más de 45.000 hectáreas de arbolado calcinadas y 49 detenidos, Vicente Martín recalca que las investigaciones del Seprona se han mantenido e incluso incrementado. “Tenemos que ser todo lo estrictos que podamos en la conservación de nuestros bosques y afortunadamente cada vez contamos con más medios y con una colaboración más estrecha con la Fiscalía Superior de Castilla y León para perseguir este tipo de delitos”, recalcó.
No obstante, también apunta a que la cada vez hay más concienciación y más información entre la población, especialmente entre agricultores y maderistas, que son más respetuosos con la normativa y con las recomendaciones que se lanzan desde la Junta a la hora de realizar tareas peligrosas en determinadas épocas del año.
Por otra parte, Vicente Martín también se refirió a los delitos contra el patrimonio histórico, por los que el pasado año fueron detenidos o investigados 17 personas en la Comunidad, reconociendo que es quizás el reto más difícil al que se enfrentan los agentes del Seprona, dado lo difícil que supone sorprender “con las manos en la masa” a las personas que se dedican a expoliar yacimientos arqueológicos o a robar y provocar daños en pequeños BIC como puede ser ermitas o cruceros.
Además de la vigilancia del medio natural, el Seprona también tiene atribuidas otras competencias, como las relacionadas con la seguridad alimentaria, el control de las semillas certificadas en la agricultura y en los últimos meses también ha desarrollado la operación ‘Leocatcyl’, para controlar si los centros autorizados de tratamiento de vehículos (desguaces) cumplen la normativa respecto a la recuperación de gases que contienen los circuitos de refrigeración de los vehículos, dado que la mala o incorrecta gestión de este tipo de gases resulta altamente contaminante. El Seprona puso en marcha la operación en la provincia de León, pero dados los resultados y alto nivel de incumplimiento de la normativa detectado, decidió extenderla a las ocho provincias restantes.
Residuos y vertidos
Pero además de los investigados y detenidos, el Seprona cerró el pasado año con 13.021 infracciones administrativas, un 9,2 por ciento menos que en 2023. Las más más numerosas están relacionadas con los residuos y vertidos (2.955), por delante de las tramitadas por incumplir la normativa de animales de compañía (1.830). Con respecto a las mascotas, también se tramitaron 238 infracciones por saltarse la legislación relativa a animales peligros y 137 en el caso concreto de razas caninas potencialmente peligrosas.
Además, se impusieron 1.486 infracciones por incumplir la normativa de sanidad animal, 935 por infracciones en el monte, 606 estuvieron relacionadas con la caza; 759 con el uso del agua y 282 con la pesca y 170 por acampadas y alojamientos turísticos.
Por provincias, León se situó en cabeza con 3.416 infracciones administrativas, por delante de Zamora (1.722), Salamanca (1.260), Valladolid (1.072) y Segovia (1.009). Por debajo del millar aparecen Ávila (750), Burgos (739), Soria (878) y Palencia (943).