Estos elementos estarían incumpliendo la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas a favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura.
Además, también han solicitado que a partir de este informe, que se tendría que realizar en un plazo de seis meses, se proceda a la eliminación de todos esos elementos. En este caso se apoyan en el artículo 15 de la Ley de Memoria Histórica, que habla sobre la retirada de los mismos, y en el artículo 1, donde se indica que las Administraciones públicas realizarán las medidas oportunas para la retirada de los símbolos, dentro del ejercicio de sus competencias.
La formación morada asegura que en nuestra comunidad “todavía existen muchos municipios que no cumplen con este apartado básico de esta Ley y la Administración Autonómica tiene mucho que decir a este respecto”.