“Un desamparo total. Una sinrazón que lleva tres meses”, así define el sindicato STAJ (Sindicato de Trabajadores de la Administración de Justicia) la situación que se vive desde octubre de 2024 en la Agrupación de Juzgados de Paz de Santa Marta de Tormes.
Este sindicato ha decidido denunciar a través de un comunicado de prensa la inoperancia del Ministerio de Justicia, así como la Gerencia Territorial, cuya inacción ha provocado que en este jueves, 23 de enero, no haya personal para realizar los trámites vinculados al juzgado de paz en Santa Marta de Tormes.
Denuncian que en estos momentos no existe personal para expedir documentación y se preguntan cómo se van a llevar a cabo trámites como la justificación del cobro de pensiones, las inscripciones y certificados de nacimiento y defunción -estos últimos necesarios para tramitar herencias y pensiones-, expedientes de matrimonios, entrega de documentación por auxilio judicial… “¿Quién se va a responsabilizar de que no haya el servicio público que se merecen los administrados?”.
La situación comenzó cuando el 15 de octubre de 2024 la funcionara de gestión procesal, interina, tuvo que coger una baja por maternidad, solicitando desde ese día el sindicato los trámites para cubrir esa situación; algo de lo que no ha obtenido respuesta todavía.
Sin embargo, antes cabe destacar que, aunque Santa Marta de Tormes es la cabecera, la inoperancia actual de estos juzgados también afecta a los habitantes de Calvarrasa de Arriba, Arapiles, Aldeatejada, Miranda de Azán, Mozárbez, Morille y San Pedro de Rozados. En total más de 19.400 habitantes.
En esa cabecera trabajaban dos personas, la mencionada persona encargada de gestión procesal, y una persona encargada de auxilio judicial, “con diferentes funciones para la realización de todo el trabajo que ha de desarrollar, en el ámbito jurisdiccional y del Registro Civil”, tal y como explica el sindicato.
Precisamente la segunda de esas personas ha sido quien ha tenido que atender todos los trámites del Juzgado de Paz, una vez que su compañera se cogió la baja, destacando que “un auxilio judicial no tiene firma para realizar determinadas actividades, entre otras para la expedición de certificaciones”.
STAJ asegura que, a pesar de todas las peticiones para agilizar los trámites, el pasado martes, 21 de enero, todavía no se había nombrado ningún gestor procesal, y se ha dado la circunstancia de que este miércoles se ha comunicado a Decanato de Salamanca y a Gerencia Territorial de Justicia de Valladolid la baja médica de este funcionario.
Con estas circunstancias este jueves la Agrupación, tal y como ha denunciado el sindicato, está sin personal para llevar a cabo esos trámites.
Desde el sindicato han “elevado contundente queja a la Subdirección General del Acceso y Promoción del Personal de la Administración de Justicia del Ministerio de Justicia, máximo responsable de no nombrar un Interino de refuerzo desde el día 15 de octubre de 2024 y se elevaran las pertinentes quejas ante todos y cada uno agentes de los responsables por no realizar las actuaciones necesarias para agilizar este nombramiento”.
Por último, aseguran que este proceso contraviene “los preceptos legales” sobre selección y nombramiento de funcionarios interinos para cubrir, en concreto el artículo 13 de la Orden JUS/2296/2005, de 12 de julio:
1. En ningún caso se procederá a cubrir un puesto de trabajo vacante o por otro motivo legal de ausencia del funcionario titular, por un período inferior a treinta días, con la única excepción de los Juzgados de Paz o Agrupaciones de Juzgados de Paz “
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