La entrada en vigor el próximo 30 de junio de la Ley delRegistro Civil aprobada en 2011 supondrá el cierre de la inmensa mayoría de lassedes del Registro que existen en la actualidad, lo que afectaría de manera muygrave a los municipios pequeños.
Así lo viene advirtiendo el PP, que ya ha denunciado que Salamanca podría quedarsesin ninguna de las 362 oficinas si la ley entra en vigor sin adaptación nimodificación. También los Juzgados de Paz dejarían de tenercompetencias como Registro Civil, algo impensable a día de hoy en la Salamancarural.
Por eso, el Grupo Popular de laDiputación ha registrado una moción para su aprobación en el pleno en la que se insta alGobierno de España a aprobar una norma que permita, antes del 30 de junio de2020, preservar la naturaleza del Registro Civil como un servicio público ygratuito, garantizar el acceso a todos los ciudadanos, con una red de oficinaspróxima e impulsando el acceso al registro mediante servicios electrónicos y, asu vez, aprovechar la experiencia y respetar los derechos de los empleados públicosa cargo de su llevanza.
La Constitución de 1978 sitúa a las personas y a sus derechos en elcentro de la acción pública. Este reconocimiento inequívoco ha determinado lanecesidad de reestructurar la organización y el funcionamiento de una de lasmás significativas instituciones administrativas del Estado, como es elRegistro Civil adoptando un nuevo modelo que se ajuste tanto a los valoresconsagrados en la Constitución de 1978 como a la realidad política, social ytecnológica de la sociedad española.
La nueva regulación del Registro civil sepromulgó el 21 de julio de 2011 por la Ley 20/2011 del Registro Civil, unanorma que, por su complejidad y por el cambio radical que conlleva respecto almodelo anterior, ha dificultado su implantación y ha conllevado variosaplazamientos de su entrada en vigor, a lo largo de los últimos años, conexcepción parcial de algunos preceptos ya en aplicación.
Por ello el Grupo Popular de la Diputación considera necesaria lamodificación de los aspectos de la nueva Ley en el sentido de las Proposicionesde Ley presentadas por el Grupo Popular en el Congreso de los Diputados y quehan sido negociados y consensuados con asociaciones y sindicatos, representantesde los profesionales de la Administración de Justicia, que son los principalesactores y que siguen manifestando su preocupación por el hecho de que estanorma no se haya tramitado dada la inestabilidad política del último año.