El consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, anunció que su departamento invertirá alrededor de 15 millones de euros en la instalación de cámaras de vigilancia en zonas arboladas de las nueve provincias, un trabajo que se completará en 2026, además de reubicar las torretas de incendios para evitar duplicaciones y eliminar aquellas “innecesarias”. En la actualidad, la Comunidad cuenta con 176 torretas en toda la Comunidad y 101 cámaras en las provincias de Soria, León, Zamora, Salamanca y Ávila. En ‘Los Desayunos de Ical’, Suárez-Quiñones sostuvo que ambos casos, incardinados en la política de vigilancia frente a incendios de la Junta, se deben revisar en el marco del Diálogo Social.
“Con las torretas tenemos una asignatura compleja, porque hay muchas en Castilla y León, que responden a un modelo tradicional. Hay algunas duplicadas, otras son innecesarias y en otras, los medios electrónicos, como las propias cámaras de vigilancia, pueden perfectamente sustituir esa labor”, señaló.
El departamento ultima esa revisión, en el marco del Diálogo Social “de cuáles hay que mantener, cuáles eliminar; y entre las que se mantienen, que estén en un estado óptimo para los trabajadores”, motivo por el que se están acometiendo inversiones. El consejero declaró que el personal de vigilancia de estas torretas suprimidas o de aquellas que se encuentren, por ejemplo, en un monte nevado durante el invierno, pasan a ser fijos continuos, con lo que “tendrán otras dedicaciones a favor de los tratamientos selvícolas para la gestión de montes”.
Cámaras
En cuanto a las cámaras de vigilancia, que “han funcionado muy bien” para ahuyentar a quienes quieren prender en el monte, el consejero cifró en 101 las instaladas actualmente en cinco provincias, si bien existe un programa de monitorización por “cámaras de alta tecnología de la superficie arbolada” que alcanzará todas las provincias, gracias a una inversión de entre 13 y 15 millones de euros, y que se completará en 2026.
“Lógicamente, las cámaras no son para vigilar a personas, sino de de carácter forestal, pero si en un momento dado detectan o graban imágenes de personas cometiendo un delito, estarán a disposición de la investigación policial y judicial. Que piense el que quiere quemar el monte que puede que le estén grabando”, matizó el consejero.
Las cámaras se controlarán desde los centros provinciales de mando, que están en las nueve delegaciones territoriales, y al que se suma el autonómico, en Valladolid. Estas instalaciones, tras los acuerdos del Diálogo Social, “están abiertos 24 horas, 365 días al año”. “Cuentan con un conjunto de pantallas con operadores que controlan las cámaras, las cuales rotan 360 grados, suben y bajan, tienen zoom y son de altísima calidad y tecnología, lo que permite fijar imágenes, grabar o identificar matrículas”, precisó Suárez-Quiñones, quien aseveró que estos centros también han aumentado personal.
Funcionamiento
En lo que respecta al funcionamiento de estas cámaras, primero detectan los fuegos, si bien el consejero recordó que actualmente más del 50 por ciento de los incendios son avisados por llamadas al 1-1-2, mediante colaboración ciudadana, que “inmediatamente cuando observan humo avisan”. Además, las 176 torres de vigilancia detecta en torno a un 36 por ciento de los incendios, y el resto, otros medios.
Así, las cámaras y los centros provinciales de mando identifican el fuego, pero también su “control, el dimensionamiento y el posicionamiento exacto del mismo, porque hacen posicionamiento GPS con coordenadas, mientras que un software identifica la posición exacta”.
Suárez-Quiñones aclaró que estas cámaras “evitan” el traslado de personal al lugar, de forma “innecesaria”, para la toma de datos. También ayuda a que la toma de decisiones para abordar el incendio “sea más completa”. En conclusión, hace un seguimiento del incendio y, por tanto, “ayuda muchísimo la toma de decisiones de los técnicos que dirigen la extensión del incendio”.