El Juzgado de lo Social n2 de Salamanca ha sentenciado a favor de la Diputación Provincial en su conflicto con los 31 bomberos del servicio provincial, de los parques de Villares de la Reina y Ciudad Rodrigo, que piden que se les reconozca como personal laboral para no perder así sus puestos de trabajo tras la funcionarización por parte de la Diputación del servicio. La sentencia recoge que los demandantes piden que se reconozca su derecho a ser trabajadores fijos por entender que se ha producido una cesión ilegal de trabajadores entre la empresa concesionaria, Oficina Técnica Demontes S.L y la Diputación, algo que la institución provincial niega.
La sentencia, que puede ser recurrida, algo que ya han anunciado los demandantes, asegura que la empresa concesionaria del servicio es una “empresa real” y no ficticia con 250 empleados y que se hizo con el servicio en una licitación pública en la que se recoge un pliego con sus competencias y el material que tenía que ejecutar, al igual que las competencias y el material que aportaba la Diputación de Salamanca. Así, el documento recoge que el jefe de servicio contratado por Demontes para trabajar en el parque era el encargado de hacer cuadrantes, organizar los turnos, llevar un control de horarios y que la empresa facilitaba a los bomberos ropa o negociaba las condiciones laborales y las retribuciones. Con esto se rechaza la tesis de la parte demandante, que pedía que se reconociera que su trabajo y día a día era coordinado por la propia Diputación de Salamanca y no por la empresa de la que aseguraban solo firmaba las nóminas.
Por su parte, la sentencia también asegura que hay otras sentencias previas en procesos judiciales abiertos tras la demanda de la Plataforma de Bomberos Profesionales de Castilla y León que determina que “los bomberos destinados a la prestación del servicio de extinción de incendios se debe realizar por funcionarios, no cabe que vía cesión ilegal de trabajadores se impongan la obligación de asumir a personal que solamente podrían pasar a integrarse en la Diputación Provincial con la condición que tiene, es decir, trabajadores por cuenta ajena (en ningún caso como funcionarios) porque se estaría imponiendo una obligación contraria a una sentencia firme”.
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