Los parques de bomberos de la Diputación están viviendo uno de los momentos más tensos de toda su historia. Buena parte de los profesionales que forman la plantilla saben que les espera el despido y los recién incorporados tras superar la oposición carecen de experiencia o bien esperan una plaza en otros destinos en los que también se han presentado y que están mucho mejor remunerados que en Salamanca.
Uno de los principales problemas que viven los bomberos que durante los últimos años han trabajado a través de la empresa concesionaria que ha gestionado el parque de Villares de la Reina es que serán despedidos. El problema es que no saben cuándo, ni cómo. “En principio nos dijeron que sería en octubre del año pasado, luego que en diciembre y ahora dicen que en febrero”, asegura uno de los afectados, un bombero veterano con años de servicio.
Sin embargo, Javier Iglesias no se atreve a dar una fecha. Este martes ha asegurado que el fin del contrato con la empresa concesionaria sería “pronto”, pero después, en la misma intervención, ha añadido que el objetivo de la Diputación es mantenerlos hasta que se incorporen los bomberos funcionarios para “que no se resienta el servicio” por lo que “a lo sumo un año”. Iglesias insiste en que su despido es causa de una decisión judicial a pesar de que los trabajadores aseguran que hay otras diputaciones que están cubriendo las plazas de forma progresiva y manteniendo a los antiguos trabajadores como personal laboral. “Algo que es perfectamente legal”, aseguran los bomberos afectados. El presidente de la Diputación ha asegurado que está situación se debe “a la denuncia de Comisiones Obreras” por lo que asegura que los bomberos deben pedir explicaciones al sindicato. Una incertidumbre que surge el mismo día que le presidente de la Diputación ha anunciado que saldrán este año 72 nuevas plazas de bomberos, que sumadas a las 30 que ya existen permitirán superar el centenar.
La incertidumbre generada por no saber cuándo llegará el despido, quién pagará las indemnizaciones o ni siquiera plantearse buscar otro trabajo porque no saben cuándo terminará el actual hace que el ambiente de trabajo no sea el más propicio en un servicio de alto riesgo y que además se agrava por situaciones como la denunciada hace unos días por Comisiones Obreras, que aseguraba que “el jefe de Servicio de GSU, estaba realizando funciones de bombero sin la cualificación y capacitación requerida para ello, lo que supone un riesgo para la salud de las personas intervinientes y auxiliadas”.
“Nos sentimos utilizados”, aseguran los bomberos que ven que su futuro es el despido y dejar este trabajo. “Somos personal cualificado, estamos cumpliendo con nuestro trabajo y solucionando el problema, porque lógicamente la gente nueva no tiene ni la experiencia ni la formación para actuar, pero nos echan a la calle. Según el jefe del servicio, no pueden actuar en zona caliente, cuando los bomberos es dónde actúan”, asegura. Esto hace que haya problemas con el personal y descoordinación en el servicio con situaciones como una reciente en la que un bombero funcionario ha tenido que desplazarse a media mañana desde Villares de la Reina hasta Ciudad Rodrigo ante la falta de personal experimentado en ese parque y la imposibilidad de que los profesionales que allí estaban pudieran atender emergencias.
Otro problema es que muchos de los bomberos que han sacado su plaza también han aprobado en otros destinos mucho más rentables económicamente, por lo que están de paso y así lo reconocen ante sus compañeros.
A esto se suman otros problemas. La diputada del PSOE, Sara Sánchez, denunciaba en un pleno el pasado mes de diciembre que la bolsa de interinos está a punto de agotarse. “La bolsa de interinos está muy avanzada, quedan solo 4 o 5 puestos. Va por el 109 o 110 de los 114 efectivos y pedimos que hagan un mayor esfuerzo ya que nos preocupa el mantenimiento del servicio”, aseguraba la diputada que afirmaba que muchas de las 57 plazas existentes están cubiertas por personal interino.
Una temporalidad en el servicio consecuencia de los bajos sueldos que paga la Diputación a sus bomberos y de problemas como la deuda de las horas extra durante dos años. Un bombero funcionario del SPEIS de la Diputación de Salamanca cobra 1.786 euros, mientras que en Zamora el salario mensual es de 2.395 euros, en León 2.601, en Valladolid 2.645 euros o en Palencia 2.331 euros. En cuanto al complemento específico en Salamanca puede llegar a ser hasta casi tres veces menos que en otras provincias. En Salamanca está establecido en 6.591 euros, mientras que en León es de 15.652, en Valladolid 14.089, en Zamora 15.608 o en Segovia 12.012 euros. El complemento específico mensual también es mucho más bajo. En Salamanca está en 522 euros, en León 1.118 euros, en Valladolid 1.006 euros, en Zamora 1.120 o en Segovia 858 euros.
Un polvorín en un servicio que hace un par de años era modélico y que defendían a capa y espada desde La Salina, pero en el que actualmente denuncian “falta de control de las condiciones, organización y métodos de trabajo del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento (SPEIS) en la provincia de Salamanca debido a la falta de dotación de personal suficiente en los parques, falta de previsión de material y equipos” tal y como aseguraban desde la Sección Sindical de CCOO de la Diputación de Salamanca.