La alcaldesa de Alba defiende ante el juez que la mujer que contrató como monitora era la que mejor se adecuaba al puesto

Concepción Miguélez se enfrenta a una petición de la Fiscalia de 12 años de inhabilitación por un presunto delito de prevaricacion por contratar a la número 7 de la lista del PP en las elecciones

La alcaldesa de Alba de Tormes, Concepción Miguélez, a la entrada de la Audiencia Provincial
La alcaldesa de Alba de Tormes, Concepción Miguélez, a la entrada de la Audiencia Provincial

La alcaldesa de Alba de Tormes, Concepción Miguélez (PP), se ha sentado este lunes en el banquillo de los acusados de la Audiencia Provincial donde se le juzga por un presunto de prevaricacion. Los hechos por los que se ha acusado corresponden a una resolución de Alcaldía de 2019, cuando Concepción Miguélez, como alcaldesa de Alba de Tormes, contrató presuntamente a dedo como monitora de un centro ocupacional a una mujer, la número 7 de la lista del PP en esas elecciones, sin publicar la oferta de empleo público.

La alcaldesa de Alba ha respondido a las preguntas del fiscal, asegurando que sí se hizo publicidad del puesto mediante carteles y que  la persona contratada era la que tenía el currículum que se adaptaba a las necesidades del puesto de monitor en el centro Reina Sofia. En este punto, el fiscal ha preguntado cuánta gente se presentó al proceso, ya que según la acusación la alcaldesa en sede judicial había asegurado que sólo había un currículum. Miguélez ha afirmado que había más personas interesadas en la plaza y que se asignó a quien cumplía los requisitos.

En el turno de intervenciones de los testigos, el secretario del municipio ha asegurado que no tiene conocimiento de sí se dio publicidad al proceso y que puso un reparo a las bases de la bolsa de empleo de urgencia.

Por su parte, la técnico de empleo ha afirmado que “me dijeron que tenía que contratar a esta persona y lo hice”. La técnico además ha asegurado no recordar si hubo oferta pública de empleo para esa plaza o publicidad. Ha negado saber los motivos por los que se contrató a la monitora. Además,  han testificado varias trabajadoras contratadas por el Ayuntamiento para determinar cómo se regian los contratos temporales en el mismo.

La Fiscalía solicita 12 años de inhabilitación de empleo o cargo público. 

 

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