A día de hoy está abierta y en pleno desarrollo una acción judicial conjunta de calado estatal y coordinada entre las Fiscalías de Castilla y León, Galicia y Asturias para averiguar si en la masiva y destructiva oleada de incendios forestales ocurrida el pasado mes de octubre hubo detrás una acción coordinada y premeditada de un grupo de incendiarios para causar el mayor daño posible en el noroeste de España.
Así lo ha confirmado por primera vez hoy en León el fiscal de Sala Coordinador de MedioAmbiente y Urbanismo de la Fiscalía General del Estado, Antonio Vercher Noguera, que participaba en unas jornadas sobre investigación de siniestros forestales organizada por la Junta de Castilla y León en el llamado 'Centro del Fuego' de la capital leonesa.
Hasta ahora habían trascendido iniciativas judiciales del Ministerio Público 'aisladas' en cada Comunidad afectada en busca de presuntos pirómanos organizados, en concreto en Galicia y Asturias por separado, pero Vercher admitió hoy una acción conjunta que también implica a Castilla y León, ante la gravedad y el amplio número de siniestros ocurridos también en las provincias de León y Salamanca, sobre todo.
Sólo en la provincia leonesa, en apenas seis días de mediados de octubre, ardieron más de 3.400 hectáreas entre las comarcas de La Cabrera, el Bierzo, Alto Sil y Laciana., causando gravísimos datos a hábitats esenciales de especies protegidas como oso pardo o urogallo.
Sumados esos casos, y por supuesto los cientos de fuegos en las provincias de Galicia y en el Principado, "vimos que era un planteamiento catastrófico masivo, enormemente preocupante y en varias Comunidades, incluso en otro país -en referencia a Portugal-; y abrimos una investigación coordinada en las comunidades autónomas afectadas, Galicia, Asturias y Castilla y León... y ahí estamos", admitió el máximo responsable de la Fiscalía estatal en materia medioambiental a preguntas de iLeon.com.
Eso sí, por cautela se reservó responder a si de momento hay indicios que evidencien esa posible 'trama incendiaria': "No puedo decir más, sería insensato y falto de la más elemental ética por mi parte", zanjó, justificando esta decisión de investigación oficial coordinada en el hecho de que "en este tipo de cosas, si no investigas no puedes saber, podrás sospechar, inferir, intuir o colegir, pero hasta que no tengan una investigación abierta, seria, profunda, con detalle y con especialistas no puedes llegar a una conclusión".
Mantenía esto Antonio Vercher Noguera en referencia a las muchas declaraciones de responsables políticos en el sentido de que aquellas gravísima situación vivida a mediados del pasado mes de octubre tenían ese carácter intencionado y coordinado.
Lo que sí abogó el fiscal de sala coordinador de Medio Ambiente y Urbanismo fue por la necesidad de que se produzca "una reacción social correcta" en relación con los incendios forestales y señaló que no considera necesario que se endurezcan las penas para quienes los provocan.
"Creo que estamos bien de penas. Se puede llegar hasta 20 años de privación de libertad en materia de incendios y creo que no hace falta más. Hay muchas más conductas de las que había con anterioridad y el tratamiento es bueno", señaló antes de recordar que más del 60 por ciento de los fuegos que se producen son conatos, es decir, de menos de una hectárea. "Ni se están haciendo las cosas mal ni los resultados son negativos, dentro de lo malo que implica todo esto", dijo después de comparar las situaciones recientes vividas en Portugal y en España.
La cárcel no es la solución
Acompañado de la Fiscal Superior de Castilla y León, Lourdes Rodríguez Rey, Vercher participó hoy en la capital leonesa en un curso sobre incendios forestales organizado por la Junta y la Fiscalía autonómica en el Centro para la Defensa contra el Fuego (CDF), donde señaló que en cuestiones medioambientales la ciudadanía "tiene que percatarse del problema que implica y buscar soluciones. Siendo una cuestión de supervivencia, lo sensato sería que cambiáramos de 'chip' y adoptásemos actitudes sociales e individuales distintas; no creo que la cárcel sea la solución para nada".
El fiscal reconoció la complejidad que presentan los delitos medioambientales, entre otras cosas, porque no se ve una relación de causalidad inmediata. "El efecto de otros delitos, como un robo, lo vemos enseguida; en medio ambiente las leucemias empiezan a aparecer en problemas de contaminación atmosférica años después y los problemas respiratorios igual", puso como ejemplos. No obstante, desde hace una década, cuando se creó el organismo, el incremento de sentencias sobre la materia es notable, ya que se ha pasado de las 80 de media hasta 2008 a las 140 actuales.