Uvas blancas, patatas y zanahorias son los tres alimentos que han estado afectados por la rebaja del IVA que más han subido de precio en los grandes supermercados a comienzos de diciembre, según se desprende del estudio realizado por Facua Consumidores en Acción en el que analiza la evolución de los precios entre principios de noviembre y diciembre de 2024 en ocho cadenas en una serie de productos básicos.
En este sentido, la asociación recuerda que desde el 1 de octubre de 2024, los alimentos básicos que tuvieron el IVA al 0% pasaron al 2%, siendo estos los aceites de oliva, las leches, el pan, los huevos, el queso, las frutas, las verduras, las legumbres, los tubérculos, los cereales y las harinas.
Por su parte, el IVA de las pastas alimenticias y los aceites de semillas pasó del 5% al 7,5%.
DESDE SEPTIEMBRE LAS UVAS HAN REGISTRADO UN INCREMENTO DEL 75%
Así, durante el último mes y según los datos recogidos por Facua, la bandeja de 500 gramos de uvas blancas sin pepitas ha experimentado de media un incremento de precio del 28%. De hecho, desde el mes de septiembre, las uvas han registrado de media un incremento de precio del 75%.
Por su parte, la malla de cinco kilos de patatas se ha encarecido de media un 9% en las últimas semanas, mientras que el kilo de zanahorias cuesta en diciembre una media de 2% más que hace un mes. Las manzanas golden también ha registrado un aumento de precio del 0,1% de media en estas últimas semanas.
Durante este mismo periodo también ha aumentado el precio de la docena de huevos (un 0,1%) y del kilo de arroz redondo (0,1%).
Sin embargo, en diciembre mantienen el mismo precio que el mes anterior la harina de trigo, las cebollas y los champiñones laminados. Entre los alimentos que cuestan de media este mes menos que en noviembre están las lentejas pardinas (-0,7%), el brik de leche entera (-0,9%), las lechugas iceberg (-1,2%), el paquete de macarrones (-1,6%), las peras conferencia (-1,9%), los limones (-2,2%), el aceite de oliva (-6,6%) y los ajos (-7,4%).
Por último, la asociación de consumidores ha querido recordar que tanto el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 como las autoridades de protección al consumidor autonómicas tienen competencias sancionadoras ante prácticas que vulneren la normativa vigente.