El Ministerio de Seguridad Social convocará de manera inmediata a los grupos técnicos, entre ellos el Ministerio de Sanidad, para avanzar en la reforma de las altas médicas progresivas, con el objetivo de garantizar que el texto final cuente con "rigor técnico y sanitario".
Así lo anunció la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, tras una reunión mantenida este lunes con el presidente de CEOE, Antonio Garamendi, y los líderes de CCOO y UGT, Unai Sordo y Pepe Álvarez. Esta reforma, según Saiz, es uno de los objetivos prioritarios para 2025.
"Quiero ser muy clara. Estamos hablando de un alta médica basada en criterios médicos que demuestren y acrediten que una reincorporación progresiva al trabajo es beneficiosa para el trabajador", subrayó Saiz, enfatizando que en ningún caso se permitirá trabajar mientras se esté de baja.
La ministra indicó que esta reforma se aplicará únicamente a procesos de incapacidad temporal que superen los 90 días. Además, se decidirá si la duración de la reincorporación progresiva será fija o dependerá de la patología que haya causado la baja, mencionando específicamente procesos oncológicos o accidentes cerebrovasculares como posibles candidatos.
El objetivo, según Saiz, es "ampliar derechos y protección" a los trabajadores. "Con la salud de los trabajadores no se juega, y esto estará en el centro de la propuesta", aseguró.
Por su parte, los líderes sindicales de CCOO y UGT han condicionado su apoyo a la reforma a la existencia de informes médicos previos que acrediten los beneficios de las altas progresivas. "Si los médicos consideran que esto es conveniente, lo estudiaremos, pero no hay ningún informe que lo demuestre hasta ahora", afirmó Pepe Álvarez.
Unai Sordo añadió que no aceptarán un sistema que acelere los procesos de recuperación de manera injustificada o que relacione esta medida con el control del gasto en incapacidad temporal. "Las personas están de baja cuando no están en condiciones de trabajar, y no negociaremos nada que vaya en contra de esto", concluyó.
Ambos sindicatos coinciden en que cualquier medida deberá estar avalada por criterios médicos y no implicar presión sobre los trabajadores que aún no estén plenamente recuperados.
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