Desde este jueves, ha entrado en vigor la parte de la Ley Orgánica de Eficiencia del Servicio Público de Justicia que obliga a intentar un acuerdo antes de presentar una demanda en el ámbito civil o mercantil. La medida, impulsada por el Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, introduce la necesidad de recurrir a los Medios Adecuados de Solución de Controversias (MASC) antes de acudir a los tribunales, salvo en casos excepcionales como violencia de género, tutela de derechos fundamentales o procedimientos concursales.
El objetivo principal de esta reforma es reducir la carga de trabajo de los juzgados y ofrecer a los ciudadanos vías más ágiles y eficientes para resolver sus disputas. Entre los métodos contemplados figuran la mediación, la conciliación, la opinión experta independiente, la oferta vinculante confidencial, la abogacía colaborativa y la negociación directa entre las partes.
Según el Ministerio de Justicia, esta medida supone un cambio de paradigma en el sistema judicial español, pasando de una "cultura del litigio" a una "cultura del diálogo y del acuerdo". La nueva normativa busca evitar procesos judiciales innecesarios, agilizar la tramitación de conflictos y fomentar soluciones consensuadas entre las partes involucradas.
Impacto en la imposición de costas procesales
Otro de los cambios clave de la reforma afecta al sistema de costas procesales. Ahora, los tribunales evaluarán si alguna de las partes se negó injustificadamente a buscar una solución extrajudicial antes de presentar la demanda. En caso de que se detecte una falta de voluntad para negociar, el juez podrá imponer el pago de costas incluso a la parte ganadora del litigio, por considerar que ha abusado del servicio público de justicia.
El secretario de Estado de Justicia, Manuel Olmedo, destacó en una reciente conferencia que esta modificación representa un "cambio fundamental" en la forma de entender los litigios en España. "El legislador exige que se realice un intento sólido de llegar a un acuerdo antes de acudir a los tribunales. Si no se hace y el juez lo detecta, podrá imponer costas por haber saturado el sistema judicial sin necesidad", explicó.
Una reforma estructural progresiva
La Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia se implementará de manera escalonada, con nuevos cambios a partir del 1 de julio. El Ministerio ha destacado que esta reforma busca modernizar la organización judicial, transformando los actuales 3.931 juzgados unipersonales en 431 tribunales de instancia.
Este nuevo modelo permitirá una mayor especialización de los jueces y una mejor organización del sistema judicial, reduciendo la congestión en los juzgados. Además, se prevé la creación de más plazas judiciales sin necesidad de establecer nuevos juzgados, lo que permitirá optimizar los recursos disponibles.
Con esta reforma, el Gobierno pretende mejorar la eficiencia del sistema judicial español, promoviendo soluciones rápidas y eficaces para los ciudadanos y reduciendo la sobrecarga de los tribunales.
El resto de la Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia se implementará de forma progresiva a partir del 1 de julio. Esta fase posterior contempla una "reforma profunda de la organización judicial" mediante la transformación de los juzgados unipersonales en tribunales de instancia con oficinas judiciales, lo que permitirá una mayor especialización y homogeneización de las prácticas. Esta nueva estructura se acompañará de la creación de "más plazas judiciales" en los tribunales de instancia, desvinculando su creación de la apertura de nuevos juzgados y permitiendo reinvertir los recursos ahorrados en aumentar la plantilla judicial.
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