El Consejo de Ministros ha aprobado este martes un Real Decreto que impondrá a las grandes empresas y a la Administración General del Estado la obligación de calcular y registrar su huella de carbono, así como de elaborar y publicar planes para reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero.
Esta nueva normativa amplía el alcance del registro de huella de carbono, compensación y proyectos de absorción de CO2, gestionado por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico desde 2014. Hasta ahora, este registro era de carácter voluntario y ha permitido contabilizar los esfuerzos de diversas organizaciones españolas en la lucha contra el cambio climático. Desde su creación, se han inscrito 14.250 huellas de carbono, se han repoblado 23.348 hectáreas y se han reconocido compensaciones correspondientes a 154.406 toneladas de CO2 equivalente.
La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, destacó que "medir la huella de carbono nos permite reducir las emisiones, mejorar los procesos productivos, ser más eficientes y competitivos, impulsar la innovación y ser menos dependientes de los combustibles fósiles".
El Real Decreto afectará a dos grupos principales. Por un lado, las empresas ya obligadas a presentar información no financiera y de diversidad, incluyendo aquellas con cuentas consolidadas y las sociedades de capital con más de 500 empleados que sean consideradas entidades de interés público o grandes empresas. Por otro lado, la Administración General del Estado, incluyendo ministerios, organismos autónomos, entidades gestoras de la Seguridad Social y otras entidades públicas, estarán obligadas a inscribir su huella en el registro del Ministerio para la Transición Ecológica.
En el caso de las empresas, aunque la inscripción en el registro sigue siendo voluntaria, la nueva normativa les exigirá dar publicidad a la información sobre su huella de carbono y a sus planes de reducción de emisiones.
Aagesen defendió la medida argumentando que "la ciudadanía española respalda mayoritariamente las acciones de lucha contra el cambio climático" y que la sociedad demanda a los gobiernos acciones más ambiciosas en este ámbito.
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