El secretario general de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Luis Martínez-Sicluna, ha señalado este miércoles que la entidad no tiene respuesta por parte del Gobierno de España tras la reclamación que planteó su presidenta, María José García-Pelayo, a finales de noviembre, para elaborar una nueva normativa de la tasa de basuras pues consideran que la actual vulnera la autonomía de los municipios.
Así lo ha señalado Martínez-Sicluna, en declaraciones a los medios de comunicación, antes de participar en una jornada de la FEMP y Ecoembes sobre Economía Circular en el castillo de Fuensaldaña (Valladolid).
El representante de la Federación municipal, propuesto para el puesto por el Partido Popular, ha recordado que a finales de octubre todas las formaciones políticas representadas en la Junta de Gobierno suscribieron de forma unánime una declaración relativa a la aplicación de la nueva sobre la recogida de basuras.
Lo que reclamaban al Gobierno, ha recordado, era "solicitar del Gobierno una reflexión de cara a modificar y mejorar esa regulación" con el fin de preservar "siempre la autonomía local de los municipios a la hora de imponer o no una tasa de basura", pues consideran que su establecimiento de manera obligatoria "se compadece mal o viola" la autonomía municipal.
"Los municipios ya son protagonistas, son adultos, a la hora de decidir qué tributos y tasas tienen que establecerse, y por tanto una tasa obligatoria vulnera esa economía circular", ha recalcado el representante de la FEMP, que ha señalado también la posibilidad de que se presenten recursos contra la tasa por parte de ciudadanos que van a ver incrementada la tasa, donde ya existe, o donde se deberá pagar una cantidad que antes no se pagaba.
Martínez-Sicluna ha añadido que la presidenta de la Federación de Municipios y Provincias tuvo una reunión con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el pasado 25 de noviembre en la que le reiteró este planteamiento "sin que hasta este momento hayamos obtenido respuesta".
De esta manera, si no hubiera modificaciones, los ayuntamientos están obligados a tener aprobadas antes del 10 de abril de 2025 todas las ordenanzas fiscales para establecer la tasa obligatoria de basura en todos los municipios de España.
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