El Tribunal Constitucional (TC) estudiará en su Pleno esta semana si admite a trámite el recurso de inconstitucionalidad que presentaron los diputados y senadores del PP contra la ley de amnistía, según consta en el orden del día.
Será la primera vez que la corte de garantías se pronuncie sobre la admisión a trámite de un recurso de inconstitucionalidad contra la ley de amnistía, toda vez que el de los 'populares' fue el primero que se presentó. De momento, los magistrados solo han admitido a trámite la cuestión de inconstitucionalidad que planteó el Tribunal Supremo sobre la norma.
El debate sobre el recurso de los de Alberto Núñez Feijóo tendrá lugar después de que el TC rechazara apartar de las deliberaciones a su presidente, Cándido Conde-Pumpido, y a la magistrada Laura Díez --ambos del bloque progresista-- al considerar que ninguno de los argumentos esgrimidos por los 'populares' son "siquiera un principio de prueba de la falta de apariencia de imparcialidad".
El PP entendía que Conde-Pumpido debía quedar apartado por las mismas causas que en su día motivaron su abstención en los asuntos del 'procés'. En 2021, se abstuvo tras decir en una conferencia de 2017 que los hechos que entonces se estaban produciendo en Cataluña buscaban "subvertir el Estado Social y Democrático de Derecho utilizando fraudulentamente la propia bandera de la democracia".
En el caso de Díez, los 'populares' alegaban que debía apartarse por su presunta "vinculación política" con el Partido Socialista de Cataluña, la dependencia del presidente del Gobierno y del ministro de la Presidencia cuando trabajaba para Moncloa.
Se prevé que en el mismo Pleno el TC aplique su doctrina sobre la participación de Díez en el debate de la amnistía y rechace las recusaciones planteadas por el Gobierno de la Comunidad de Madrid, la Xunta de Galicia, el Consejo de Gobierno de Andalucía, el Consell de la Generalitat Valenciana, la Junta de Castilla y León, el Gobierno de Cantabria, la Junta de Extremadura y el Gobierno de Illes Balears.
Aunque el tribunal acordó mantener a Conde-Pumpido y a Díez en las deliberaciones, aún queda pendiente la recusación formulada por la Abogacía del Estado contra el magistrado conservador José María Macías por pronunciarse sobre la amnistía en dos textos con "valor institucional" cuando era vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
Fuentes de la sede de Domenico Scarlatti consultadas por Europa Press avanzan que el Pleno acordará mantener a Macías por considerar prematura la recusación lanzada en su contra. En este sentido, explican que la Abogacía del Estado la planteó sin que el asunto estuviera admitido a trámite.
Se espera que, una vez resuelta la participación de Macías, el Pleno aborde la admisión a trámite del recurso 'popular' contra la amnistía, del que precisamente es ponente el antiguo vocal del órgano de gobierno de los jueces.
Así las cosas, el Pleno estará formada por 11 magistrados, todos menos el progresista Juan Carlos Campo, abstenido del debate sobre la amnistía porque en los informes que firmó como ministro de Justicia para indultar a los condenados por el 'procés' dijo que era inconstitucional.
Al margen, el Pleno deliberará, entre otros asuntos, sobre el recurso del presidente del Gobierno contra la derogación de la ley de memoria democrática de Aragón.
El tribunal también se pronunciará sobre el recurso de los diputados del PP contra la contra-reforma por la que se le devolvió al CGPJ en funciones la capacidad de designar a dos magistrados del Constitucional.
Además, abordará dos recursos de inconstitucionalidad de los diputados de Vox: uno contra la ley 8/2021 por la que se modificó la ley de salud de Galicia; y otro, contra varios artículos de la ley catalana para afrontar la emergencia en el ámbito de la vivienda.
Al margen, estudiará dos recursos de amparo --uno de diputados de Vox y otro de diputados del PP-- contra la votación del 3 de febrero de 2022 de la reforma laboral, que salió adelante por 175 votos a favor frente a 174 en contra, siendo clave el emitido telemáticamente por el entonces diputado 'popular', Alberto Casero, que se sumó por error suyo a los síes.
Tanto Vox como el PP sostienen que la decisión de la presidenta del Congreso en ese momento, Meritxell Batet, de no permitir que Casero votara de forma presencial, para enmendar su equivocación, supuso "hurtar la voluntad popular".