El Grupo de Expertos del Consejo de Europa sobre la Acción contra la Violencia contra las Mujeres y la Violencia Doméstica (GREVIO) ha elogiado el compromiso de España en la lucha contra la violencia contra las mujeres y ha instado a España a mejorar la formación de los profesionales que tratan con víctimas y perpetradores de violencia contra las mujeres, incluido el poder judicial.
En un informe publicado este jueves, el grupo de expertos acoge con satisfacción la aprobación, en 2022, de la Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual, que penaliza todos los actos sexuales con una persona que no haya dado su libre consentimiento.
Entre otros avances positivos, citan la adopción del Plan conjunto plurianual sobre la violencia contra la mujer (2023-2027), la adopción de medidas para ampliar el alcance de las políticas y los servicios a otras formas de violencia contra la mujer distintas de la violencia de pareja y la creación de centros de asistencia integral 24 horas.
GREVIO también acoge con satisfacción la introducción en la legislación del principio de suspensión de los derechos de custodia y de visita de los niños que han estado expuestos a la violencia doméstica, así como la prohibición legal del uso del llamado síndrome de alienación parental.
Si bien, GREVIO ha detectado lagunas que persisten en la formación de los profesionales e insta a las autoridades españolas a que intensifiquen la formación de todos los profesionales que tratan con víctimas y perpetradores de violencia contra las mujeres sobre todas las formas de violencia y a que atiendan las necesidades específicas de las mujeres pertenecientes a grupos vulnerables.
Según el grupo de expertos, esta formación debería impartirse a los profesionales de la justicia, las fuerzas del orden, los servicios sociales, la atención sanitaria y la educación.
Además, GREVIO insta a las autoridades a que garanticen la formación obligatoria de los jueces que presiden causas relacionadas con los derechos de custodia y de visita sobre los efectos negativos que tiene para los niños ser testigos de la violencia contra las mujeres y sobre la naturaleza y la dinámica de la violencia doméstica.
Asimismo, observa con especial preocupación que las mujeres migrantes y refugiadas, las mujeres con discapacidad y las mujeres que viven en zonas rurales están desproporcionadamente representadas entre las víctimas de violencia de género y pide a las autoridades que intensifiquen sus esfuerzos para proporcionarles protección y apoyo.
También considera que se necesitan más medidas para simplificar y armonizar el proceso de reconocimiento oficial de las víctimas de todas las formas de violencia contra la mujer, a fin de garantizar su rápido acceso en todo el país a los servicios de protección y apoyo, independientemente de la forma de violencia que hayan sufrido.
El informe también acoge con satisfacción el aumento de la tasa de condenas, que alcanzó aproximadamente el 80% en los casos de violencia de pareja en 2023, aunque expresa preocupación por el hecho de que el número de sentencias por violencia sexual siga siendo bajo.
Además, advierte de que, a pesar de los cambios introducidos por la Ley Orgánica 10/2022 de Libertad Sexual, las víctimas de violencia sexual siguen sufriendo una victimización secundaria en los procedimientos judiciales, debido a los estereotipos sobre las víctimas de violación en el poder judicial, la necesidad de declaraciones repetidas y la falta de respeto a la privacidad de la víctima como parte del proceso.
Por ello, GREVIO destaca que se necesitan más esfuerzos para identificar y abordar los factores legislativos y procesales que contribuyen a la victimización secundaria de las mujeres víctimas de violencia durante las investigaciones y para realizar investigaciones sobre los factores que conducen al abandono en los casos de violencia de género.
Por otro lado, GREVIO considera lamentable que, tras la entrada en vigor de esta ley, la fusión de los delitos de agresión sexual y abuso sexual y la consiguiente ampliación del abanico de sanciones hayan permitido la reducción de varios cientos de sentencias dictadas contra los autores de violencia sexual.
En todo caso, considera que la plena aplicación de esta ley tiene el potencial de reducir significativamente el nivel de impunidad por violencia sexual al provocar un aumento de las denuncias y una investigación y un enjuiciamiento más eficaces de la violencia sexual.
En situaciones de peligro inmediato, el informe señala que, de acuerdo con la legislación vigente, las medidas para proteger a las mujeres víctimas y a sus hijos pueden tardar hasta 72 horas en emitirse, lo que considera demasiado tiempo para que pueda considerarse una orden de alejamiento de emergencia según la Convención.
Por lo tanto, pide a las autoridades españolas garantizar que se puedan emitir órdenes de alejamiento de emergencia para garantizar la seguridad de las mujeres víctimas y de sus hijos en sus propios hogares. Además, también cree que debería realizarse un análisis de las razones de las tasas significativamente más altas de rechazo de solicitudes de órdenes de protección en algunas partes del país.
Finalmente, GREVIO muestra su preocupación por el aumento de los casos denunciados de violaciones en grupo, en los que tanto los autores como las víctimas son con frecuencia muy jóvenes. También advierte del impacto, en España y en otros lugares, de la pornografía violenta en los hombres jóvenes que cometen estos delitos.
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