El Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha acordado este jueves paralizar el nombramiento de cargos judiciales "en la confianza de una pronta renovación de la institución, una vez constituidas las Cámaras después de las últimas elecciones generales y formado Gobierno".
Los procesos selectivos para la cobertura de las vacantes judiciales y gubernativas volverían a ponerse en marcha si en un tiempo prudencial "se constatan avances de cara a esa renovación, a fin de evitar perjuicios en el servicio público de la Administración de Justicia, ha informado este órgano", según ha informado el Consejo.
Entre las plazas pendientes, dos corresponden a las Presidencias del Tribunal Superior de Justicia de Canarias y de la Audiencia de Ourense, y otras tres en la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo.
Precisamente estas tres últimas se convocaron para cubrir las plazas que dejan las jubilaciones de los magistrados Alberto Jorge Barreiro, Francisco Monterde Ferrer y del que formó parte del tribunal que juzgó el 'procés' independentista en Cataluña Luciano Varela. Para estos puestos se han presentado un total de 28 magistrados, que ya han comparecido ante el órgano de gobierno de los jueces para exponer su currículo y su proyecto para lograr entrar en la cúpula judicial.
El órgano de gobierno de los jueces lleva en funciones más de un año, desde el 4 de diciembre de 2018, cuando venció su mandato de cinco años. Su presidente, Carlos Lesmes, que ha sido quien ha propuesto la paralización de los nombramientos, ha advertido a las Cortes hasta en tres ocasiones de su deber de renovar el Consejo, la última vez el pasado 23 de diciembre.
Pese a esta situación, el CGPJ ha cubierto desde entonces todas las plazas judiciales y gubernativas que han ido quedando vacantes en el ejercicio de las atribuciones que le confiere la Ley Orgánica del Poder Judicial, que en su artículo 570.2 prevé expresamente que, durante el tiempo que esté en funciones, la única competencia que no podrá ejercer es la elección de un nuevo presidente de la institución.
Dos de las cuatro asociaciones judiciales, la Asociación judicial Francisco de Vitoria (AJFV) y Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD), no comparten esta postura y, tras reiteradas quejas, en verano recurrieron una veintena de nombramientos en la cúpula judicial por parte del órgano de gobierno de los jueces en funciones. Además, consideraron que estas designaciones estaban incumpliendo el requisito legal de que los candidatos deben ser por criterios de mérito, experiencia y capacidad.
Uno de los nombramientos que las asociaciones cuestionaron fue el correspondiente a la renovación del presidente de la Audiencia Nacional, José Ramón Navarro. La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo --competente para ver los asuntos relativos al CGPJ-- rechazó el pasado 1 de octubre la suspensión cautelar de los nombramientos impugnados mientras se resuelve el fondo del asunto.
Según recuerda el CGPJ, en dicha resolución el alto tribunal subrayó que "el normal desarrollo de la administración de Justicia requiere la pronta cobertura de las plazas vacantes tanto judiciales como gubernativas".
En cuanto a las tres vacantes en la Sala Segunda del alto tribunal, el órgano de gobierno de los jueces destaca la necesidad de cubrirlas porque sin ellas el 20 por ciento de su planta --formada por el presidente y 14 magistrados-- está sin cubrir, "por lo que de prolongarse en el tiempo esta situación el normal funcionamiento de la sala se vería gravemente resentido".
En el periodo que lleva en funciones, el CGPJ ha nombrado a 10 magistrados del Tribunal Supremo para plazas que habían quedado vacantes por jubilación (en nueve de los casos) o por renuncia de su anterior titular (en el otro).
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