El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) ha planteado al Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 la modificación de la Ley 39/2006 de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Discapacidad para establecer un procedimiento de urgencia para la valoración del grado de dependencia, ahora no regulado.
El CERMI ha realizado esta propuesta "ante las demoras administrativas por falta de recursos en los procedimientos de valoración del grado de dependencia y la necesidad de dar respuesta lo más inmediata posible a situaciones que requieren atención rápida".
En este procedimiento de urgencia, según indica, deberían incluirse "situaciones derivadas de causas o motivos humanitarios; de compromiso significativo de la esperanza de vida por la discapacidad o enfermedad que origina de dependencia; menores de seis años; mujeres que sufren violencia y otras análogas en las que se aprecie justa causa".
En todos estos casos, el CERMI sugiere que estas personas tengan preferencia a la hora de ser valoradas, acelerando los procedimientos de solicitud, a fin de obtener la resolución de grado en el menor tiempo y así acceder a las prestaciones y servicios a que tengan derecho.
Según precisa, la regulación de una vía de urgencia ya se tuvo en cuenta en la valoración del grado de discapacidad y así aparece en el nuevo baremo establecido en el Real Decreto 888/2022, de 18 de octubre, por lo que se trataría de extender este cauce acelerado al ámbito de la autonomía personal y la dependencia.