El Sindicato de Veterinarios de Castilla y León (Sivecal-Uscal) ha trasladado a “todos” los grupos parlamentarios una suerte de consideraciones en las que preconiza los impactos negativos que a medio plazo tendrá la modificación que previsiblemente se aprobará este viernes en el Pleno de las Cortes de Castilla y León, de la Ley de Sanidad Animal de Castilla y León, que propusieron de forma conjunta PP y Vox. Por ello, insta a los grupos a rechazar este cambio, que “liberalizará las campañas de saneamiento ganadero y rebajará la calidad y credibilidad de estos programas sanitarios”, según informan en un comunicado.
Del mismo modo, les informan del “complejo compendio normativo” que afecta a los saneamientos ganaderos, al que se añaden numerosos documentos de trabajo, recomendaciones y manuales de procedimiento, además de controles y auditorías de todos los agentes implicados. Al respecto, les ha recordado que la “ejecución de las campañas de saneamiento no son un simple acto de diagnóstico y sacrificio de animales positivos a la tuberculosis bovina, sino que comprende una serie de criterios legales, técnicos, epidemiológicos y procedimentales que garantizan la obtención y mantenimiento de los estatus sanitarios que permiten el libre intercambio de animales y sus productos con garantías sanitarias en todo el territorio de la UE”.
Asimismo, el sindicato ha visualizado el “primer escollo sobre su aplicabilidad”: la independencia que “debe regir en el proceso de diagnóstico”. “Este principio se rompe en el momento en el que el ganadero tenga libertad para elegir al veterinario que le resulte más oportuno, pues en ese momento el veterinario estará realizando un servicio a demanda del ganadero, independientemente de cómo se realice el pago de este servicio”, advirtió Sivecal-Uscal.
Por otra parte, asegura que el sistema “no garantiza la universalidad de las medidas, esto es, que todos los ganaderos tengan acceso a las pruebas necesarias y obligatorias para el mantenimiento de sus calificaciones sanitarias, ya que no se ha hecho una estimación de los veterinarios que van a habilitarse para tal fin, que será insuficiente para los actos clínicos que son necesarios y que hasta ahora se han realizado con la colaboración de una empresa adjudicataria externa”.
Por ello, pronostica que “es fácil que no tengan otro resultado que una rebaja en la calidad y credibilidad de los servicios realizados si se liberalizan las campañas de saneamiento, que redundará en escasa garantía sanitaria de los productos de cara a la comercialización de los mismos y desconfianza del sector a la hora de adquirirlos”. “Desconocemos el alcance de las consecuencias económicas para este sector tan estratégico en nuestra comunidad autónoma, pero un análisis superficial arroja unas previsiones poco halagüeñas”, vaticina el sindicato, quien consideró que la realidad será un “aumento de las prevalencias, con su repercusión muy perniciosa, en sanidad animal, parte fundamental de la Salud Pública”.
Sivecal-Uscal ha aprovechado para solicitar a los grupos que insten a la Junta a incrementar las plantillas del Cuerpo Facultativo Superior Sanitario (veterinarios) en 150 plazas, distribuidas entre las consejerías de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural y Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, para que estos facultativos “puedan desarrollar en exclusiva todas las actividades sanitarias en el marco de los programas sanitarios nacionales y autonómicos de vigilancia, control y/o erradicación de enfermedades, así como en los programas especiales de acción sanitaria, tanto en los animales domésticos como silvestres”.
Por último, pide que se lleven a cabo por las Cortes las acciones legislativas tendentes al desarrollo de la figura de ‘veterinario de explotación’ en los términos establecidos por la normativa de la Unión Europea en materia de sanidad animal que, basándose en el lema ‘más vale prevenir que curar’, ha establecido como objetivo “mejorar el estatus sanitario de la cabaña ganadera, prestando más atención a las medidas preventivas y a la vigilancia y control de enfermedades, para reducir la incidencia de las mismas y minimizar el impacto de los brotes cuando se produzcan”.