“La Junta de Castilla y León aprovecha la declaración del estadode alarma para alterar las condiciones de la relación laboral con sustrabajadores, pero sin ejercer las debidas acciones de coordinación yequipamiento. En concreto, este martes publica en el BOCYL la ORDEN PRE/260/2020,que supone una modificación de las normas de gestión de bolsas de empleo paradotarse de una mayor flexibilidad. Imaginamos que se acoge a la mismaflexibilidad cuando tiene a la mayor parte de los trabajadores de la Gerenciade Servicios Sociales sin ningún tipo de protocolo de actuación para sustrabajadores de los Centros de Atención a Minusválidos Psíquicos y lasResidencias de Ancianos de titularidad pública o en Centros Ocupacionales”,denuncia UGT en un comunicado.
El sindicato argumenta que “estos trabajadores están encontacto con personas con perfil de alto riesgo y el cuidado de estos usuariosse está realizando prácticamente sin ningún equipo de protección individual”. Añadeque “La situación se agrava en algunos centros en que se están haciendoingresos de convalecientes de los hospitales y no se fija un protocolo paraestas situaciones ni se da la información obligatoria mínima”.
“El riesgo de esta actuación es que centros que deberían serpuntos de lucha y control de la infección se pueden convertir en focos detransmisión para usuarios y trabajadores, pues existe riesgo real decirculación del virus. Y esto abre todo un frente de responsabilidad de laJunta para con esos usuarios, pues es responsabilidad de la Junta establecer lamáxima protección de la salud para estos usuarios”, concluye UGT.