El concejal del grupo municipal Vox, Alejandro Pérez de la Sota ha preguntado en la sesión plenaria de este viernes del Ayuntamiento de Salamanca, sobre el fallo informático de la empresa CGB por el que las denuncias de la Policía Local llegaban a los denunciantes con el DNI de los agentes.
Una información publicada por Salamanca24horas.com el pasado 19 de diciembre -aunque obviada, una vez más, su autoría y el reconocimiento de su labor por este grupo municipal- y donde se exponía un problema que ya se había sido subsanado, pero que había expuesto la información personal de los funcionarios de la policía municipal.
Pérez de la Sota ha solicitado conocer esa información, así como el tiempo que ha durado el fallo informático, y, sobre todo, ha querido conocer si el gobierno local “exigirá responsabilidades a la empresa que ha proporcionado la plataforma”.
El concejal de Protección Ciudadana, Ángel Molina, ha contestado en el mismo pleno que han sido “41 agentes afectados en 166 notificaciones”, confirmando, así mismo, que “el fallo informático consistió en que algunos boletines de denuncias traían el DNI del agente. Esto sucedió del 23 de agosto al 8 de noviembre”.
Del mismo modo, ha asegurado que el Ayuntamiento, informado por Jefatura tal y como ya publicó este medio de comunicación, se dio cuenta del error este 8 de noviembre y suspendieron el envío de notificaciones hasta “el 19 de noviembre, cuando ya se restableció la normalidad”.
Pérez de la Sota ha catalogado los datos de “muy graves. Tres meses completos de fallo” y ha evidenciado la funcionalidad de la empresa gestora de la plataforma que ha hecho que “41 agentes hayan visto comprometidos sus datos personales. Sus DNI han estado en manos de persona que esos funcionarios habían denunciado”.
Además, ha pedido al concejal de equipo de gobierno que respondiera si van a exigir responsabilidades a la empresa. Molina, ha matizado que “ha sido un fallo accidental” y que “es competencia de otros órganos”. No obstante, ha finalizado que los técnicos municipales “están trabajando para que no se repita” y para ver “si fue un riesgo para los derechos de los afectados”.
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