El futuro de Muface, el organismo público adscrito al Ministerio de Hacienda y Función Pública encargado de prestar asistencia sanitaria y social al colectivo de funcionarios adscritos, está en el aire. Su razón de ser, como administración y servicio público, es garantizar la salud y el bienestar de sus mutualistas y personas beneficiarias en la sanidad privada aunque la falta de acuerdo entre el Gobierno de España y las aseguradoras por la financiación de Muface obligaría al Sistema Nacional de Salud (SNS) a absorber la atención de esos trabajadores públicos. En el caso de Castilla y León, esos mutualistas irían a parar al Sistema regional de Salud (Sacyl), lo que tensionaría, aún más, el sistema público. La Comunidad tiene la tercera tasa más alta de España de mutualista sobre el total de la población, con el 6,6 por ciento, el mismo porcentaje que Cantabria, y solo por detrás de Murcia (12,5 por ciento) y Madrid (10,4 por ciento).
El estudio ‘Impacto de las mutualidades en el sistema sanitario’, elaborado por el Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad (IDIS) y consultado por la Agencia Ical, analiza la penetración actual del seguro médico privado de la población española y el número de mutualistas en base a la población total de cada autonomía. En este sentido, la situación más crítica podría estar en Murcia, que presenta la tasa más elevada de mutualistas por habitante, con un 12,5 por ciento de la población, seguida de Madrid, con un 10,4 por ciento. Por el contrario, las comunidades con menor tasa de mutualistas son Baleares (uno por ciento), País Vasco (1,1 por ciento), Andalucía (2,1 por ciento) y Cataluña (2,2 por ciento).
El informe también muestra la situación actual de los mutualistas que en España ascienden a 2,4 millones, de los que 1,6 millones han elegido el seguro privado. Eso sí, el sindicato Csif destaca que el porcentaje de empleados públicos adscritos al mutualismo administrativo, pero también los funcionarios jubilados y sus familiares, que eligen sanidad privada ha pasado del 72,9 al 69,6 por ciento entre 2022 y 2023. No en vano, los ciudadanos adscritos por sus profesiones a las mutualidades pueden elegir libremente si su atención es por el SNS o por una entidad aseguradora con una cobertura similar.
IDIS subraya que la proporción de mutualistas en relación con el total de asegurados a nivel nacional es “significativa”, con una media del 18 por ciento. Todas las provincias de la Comunidad están por encima de esa tasa, especialmente Ávila y Zamora, con el 28 y el 26 por ciento, respectivamente. En el caso de la provincia abulense, es la primera de España, y Zamora, la tercera. El listado se completa con el 24 por ciento de Palencia, el 22 por ciento de Soria, el 21 por ciento de León y Salamanca, el 20 por ciento de Segovia y Valladolid y el 19 por ciento de Burgos. En el caso de la provincia de Valladolid, Muface atiende a más de 20.000 personas, entre los 14.000 titulares y otros cerca de 6.000 beneficiarios.
El Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad asegura que el actual modelo de mutualismo administrativo representa un “importante” papel dentro del gasto sanitario público y privada. Concretamente, en 2023, el gasto sanitario de las mutualidades representó el 0,17 por ciento del PIB, hasta los 2.436 millones de euros. El último convenio firmado para el periodo 2022-2024, las mutualidades (Muface, Instituto Social de las Fuerzas Armadas -Isfas- y Mutualidad General Judicial -Mugeju-) suscribieron un concierto de asistencia sanitaria de 3.571 millones de euros con un total de seis entidades aseguradoras (SegurCaixa, Adeslas, Asisa, DKV, Mapfre, Nueva Mutua Sanitaria y Sanitas), dos menos que en el periodo anterior.
El informe, recogido por Ical, destaca que el gasto público en Sanidad en los últimos diez años ha aumentado un 53 por ciento mientras que el incremento de las primas de mutualidades ha sido del 32 por ciento, por lo representa una diferencia de 21 puntos. A la vista de estos datos, las aseguradoras aseguran que la cifra planteada por el Gobierno central, con una subida de la prima del 17 por ciento, es “incompatible” con una atención al paciente de calidad y “muy alejada” del gasto sanitario público. De ahí que el sector privado reclame un incremento de al menos el 40 por ciento para asegurar la continuidad del servicio.
Hospitales y camas privadas
IDIS subraya que la sanidad privada, con su infraestructura, complementa al sistema público pero también es “esencial” para garantizar una cobertura de salud “completa” y “accesible” para todos los ciudadanos. De ahí el análisis de la proporción de los hospitales privados respecto a los públicos, que llega al 70 por ciento en Cataluña, el 63 por ciento en Andalucía y el 60 por ciento en Navarra. Castilla y León se sitúa en el cuarto puesto, al suponer el 57 por ciento, por delante, incluso de Madrid, que está en el 56 por ciento. Unos datos que, según la patronal, demuestran que la sanidad privada es una “pieza fundamental” para aliviar la presión sobre los servicios públicos. A nivel nacional, más del 55 por ciento de los hospitales es de carácter privado.
El hipotético cambio en el modelo de mutualismo administrativo impactaría, según el Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad, tanto en la accesibilidad del paciente como en la sobrecarga de los profesionales de Atención Primaria y Urgencias. Por ejemplo, la estimación de sobrecarga de citas en Primaria se situaría en el 2,2 por ciento en la Comunidad.
En cuanto al número de camas privadas en comparación a las públicas, destaca el gran volumen de Cataluña (58 por ciento), Navarra (40 por ciento), Baleares (26 por ciento), Canarias (35 por ciento) y Madrid (33 por ciento). Castilla y León se queda en el 22 por ciento, por debajo del 30 por ciento en el conjunto de España.
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