En un comunicado, STECyL-i ha afirmado este jueves, 23 de enero, que rechaza enérgicamente el ataque que se está perpetrando contra la Educación Pública y su autonomía, así como contra la educación integral de nuestro alumnado. El Sindicato pone a disposición de los equipos directivos y del profesorado una “Guía de defensa de la libertad de docencia y la autonomía pedagógica para la formación integral del alumnado”.
Este es el comunicado completo:
El veto educativo, mal llamado “pin parental”, es en realidad un boicot a la Escuela Pública que nuestra organización, el sindicato más importante de la enseñanza no universitaria a nivel estatal, no va a tolerar. Como defensores acérrimos de la educación pública, universal, gratuita y laica rechazamos las injerencias de determinados grupos de presión y partidos políticos que con una deriva ideológica retrógrada, pretenden ejercer el poder de veto sobre las actividades complementarias que potencian la educación en valores de respeto, tolerancia, solidaridad y libertad, contribuyendo con ello a forjar una mejor ciudadanía y a evitar lacras tan lacerantes como el bullying, la homofobia, la violencia de género, la xenofobia o la aporofobia.
La Educación Pública no es la carta de un restaurante donde se escoge en función de los gustos, es un servicio público que contribuye como ningún otro a la equidad y al avance de la justicia social. Afortunadamente la inmensa mayoría de los padres y las madres son plenamente conscientes de ello y quieren una educación basada en los valores ciudadanos y en los derechos a la información, la libre expresión y la reflexión que el alumnado tiene, además de confiar en los profesionales educativos para fortalecer esos valores a través de materias, charlas o talleres que el centro haya tenido a bien implementar en sus programaciones, sobre feminismo, identidad de género, violencia machista o diversidad LGTBI. La ultraderecha y la derecha política no pueden boicotear las actividades educativas, como pretenden hacer mediante esta censura parental, ya que en realidad es un acto de boicot en toda regla a la educación integral y un veto intolerable que daña a toda la comunidad educativa y, singularmente, al alumnado implicado.
Las presiones y las amenazas sobre equipos directivos y docentes, que ya hemos padecido en algunos centros de nuestra Comunidad, no harán que los profesionales de la educación acepten esta inadmisible injerencia, ni tampoco aquellas organizaciones que, como STECyL-i, hemos luchado históricamente por una Escuela inclusiva, libre de odios y de prejuicios. Los padres y las madres tienen una función educativa importantísima hacia sus hijos e hijas, por ello les solicitamos una mayor implicación en la educación, respetando el trabajo que se lleva a cabo en los centros educativos para garantizar la igualdad y la no discriminación, bases de una educación pública que con tanto trabajo y esfuerzo hemos logrado levantar entre todos y todas. Para ello STECyL-i ha elaborado una Guía en la que informa sobre la normativa que ampara todas las actividades encaminadas a la formación del alumnado en igualdad, educación sexual y diversidad. Los centros, de conformidad con la normativa vigente, vienen obligados a desarrollar sus proyectos educativos y sus reglamentos de organización y funcionamiento desde el principio general de respeto a la libertad y a los derechos de identidad de situaciones proporcionando información y formación a la comunidad educativa y favoreciendo el aprendizaje y la práctica de valores basados en el respeto a las diferencias y en la tolerancia a la diversidad sexual.
Aquellos que quieran retroceder a la época predemocrática y ejercer el veto a determinadas actividades no terminarán por imponerse. A pesar de que se ha anunciado que en Castilla Y León no se va a implementar esta medida, desde STECyL-i demandamos a la Junta de Castilla y León y a su Consejería de Educación el respaldo al profesorado que trabajan por el pleno desarrollo de la personalidad y de las capacidades afectivas del alumnado, la formación en el respeto de los derechos y libertades fundamentales y de la igualdad efectiva de oportunidades entre hombres y mujeres, el reconocimiento de la diversidad afectivo-sexual, así como la valoración crítica de las desigualdades, que permita superar los comportamientos sexistas. Pedimos que se reprueben las injerencias que responden a fines espurios e intereses inconfesables. Desde la Constitución hasta la Convención sobre los derechos de la Infancia, el tejido legal protege el interés superior del menor y sus derechos y garantías.
A quienes están alimentando este falso debate sobre la censura educativa les pedimos que saquen las manos de la Escuela y respeten los profesionales de la educación.