La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha avalado que el Ministerio del Interior monitorice las redes sociales para detectar los bulos y 'fake news' relacionados con la Covid-19, un asunto por el que varios partidos de la oposición pidieron explicaciones tras informarse de esta labor policial en rueda de prensa en Moncloa durante el primer estado de alarma decretado en marzo de 2020.
En la resolución de la AEPD, consultada por Europa Press, este organismo archiva las actuaciones abiertas para determinar las "finalidades concretas de los tratamientos de datos personalesrealizados en las citadas actuaciones tanto por la Dirección General de la Policía como por la Guardia Civil".
La polémica por esta monitorización de las redes sociales surgió tras las declaraciones que realizó el general jefe del Estado Mayor de la Guardia Civil, José Manuel Santiago, en una rueda de prensa en Moncloa durante el primer estado de alarma por la Covid-19, ya que habló de "minimizar el clima contrario a la gestión de crisis del Gobierno".
El propio general Santiago como la Guardia Civil y el Ministerio del Interior matizaron que se referían exclusivamente a informaciones falsas que pueden incrementar el estrés social por basarse en engaños o buscar una ganancia económica, por ejemplo en cuestiones relacionadas con la salud. En este sentido, añadieron que esta labor se hacía con "escrupuloso respeto al derecho a la libertad de expresión y crítica".
Protección de Datos comprueba que, de acuerdo a la información recabada por parte de la Secretaría de Estado de Seguridad, la vigilancia de redes sociales se lleva a cabo sobre la "creación de usuarios anónimos creados al efecto y haciendo una visualización de las publicaciones hechas por los usuarios de estas redes".
Informe diario
Esta vigilancia se realiza, entre otras redes sociales, en Twitter,Facebook, Instagram, Badoo y también páginas web, según consta en la resolución. "El producto de estas actuaciones es la elaboración de un informe diario por parte de la Unidad de Coordinación que se remite a la Dirección Adjunta Operativa. El número total de informes realizados es de 53, se realizó uno diario entre el 20 de marzo y el 11 de mayo de 2020", apunta la AEPD.
Estos informes se estructuran en cuatro apartados que recogen los hallazgos en las materias de ciberdelincuencia, ciberterrorismo y hacktivismo, ciberataques, desinformación y resumen de noticias. "Los informes contienen solamente información publicada en redes, no incrementándose la información a partir de otras fuentes o ficheros", continúa.
Cuando se detecta un presunto ilícito, se capturan evidenciasde la misma forma que se recopilan en cualquier otra investigación policial, de acuerdo con la cadena de custodia de evidencias. En estos casos la investigación se judicializa, realizando los cuerpos policiales un atestado sin ampliar la información, sólo con lo relativo a lo publicado en redes sociales.
Posteriormente, es el juez quien puede realizar una orden para ampliar información, en concreto, para averiguar quién es el promotor o el que incita los comportamientos investigados. Aquellos hallazgos que pudieran ser constitutivos de delito se judicializan pasando a formar parte de los tratamientos recogidos en la actividad denominada INTPOL en el Registro de Actividades de Tratamientos.