El dinero no se reparte siempre por cargo y responsabilidad. El ejemplo paradigmático es el de Alfonso Fernández Mañueco. Tal y como informa El Mundo de Castilla y León, el presidente de la Junta no es ni siquiera el político que más cobra de los que forman parte del Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León. El jefe del Ejecutivo autonómico cobra menos que las cabezas visibles de su gabinete, y que algunas no tan visibles.
El sueldo de Mañueco también es inferior al de un nutrido número de políticos de Castilla y León de primera línea: una veintena de parlamentarios con dedicación exclusiva, cinco presidentes de Diputación de la Comunidad y hasta un alcalde de capital, como Valladolid.
La retribución bruta anual del presidente de la Junta como líder del Gobierno autonómico asciende a 74.857,9 euros. Esta cantidad se circunscribe a la presidencia de la Junta de Castilla y León y no incluye la indemnización por asistencia a plenos que percibe de las Cortes –acumula 4.840 euros en los nueve primeros meses del año–. Las diferencias entre los emolumentos de Alfonso Fernández Mañueco como presidente del Ejecutivo respecto a los titulares de las consejerías alcanzan hasta casi 14.000 euros.
Esta disparidad entre el salario del número uno de la Junta y sus consejeros responde a que éstos se acogen al derecho de cobrar como funcionarios de carrera y no como altos cargos, según permite la Ley de Función Pública. Así, el consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez Quiñones, juez de profesión, percibe 88.694,7 euros. Tras él, la segunda con un salario mayor es la médica y responsable del departamento de Sanidad Verónica Casado, que cobra 84.753,98 euros brutos al año, seguida del titular de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo (84.522,38 euros) y del cuarto mejor pagado, el vicepresidente y consejero de Transparencia Francisco Igea, cuya retribución se cifra en 84,140, 96 euros y supera a la de Mañueco en más de 9.000 euros.
El quinto consejero con mayor sueldo de la Junta es el de Agricultura, Jesús Julio Carnero, y el sexto, el titular de Cultura y Turismo, Javier Ortega. Los siguientes son Rocío Lucas, al frente de Educación, Isabel Blanco, consejera de Familia, y Ángel Ibáñez, de Presidencia.
La única que baja del umbral de los 80.000 brutos anuales es la responsable de Empleo Ana Carlota Amigo, que se estrenó como consejera a finales del mes de mayo en sustitución del dimitido Germán Barrios. Su asignación anual suma 78.010 euros, sustancialmente inferior a los 94.811 que le correspondían en su anterior labor, como portavoz de Ciudadanos en las Cortes.
En el caso de los consejeros que son procuradores –como sucede también con el presidente y el vicepresidente del Ejecutivo–, el salario que perciben en la Junta se ve implementado por el que reciben por su asistencia a plenos como parlamentarios sin dedicación exclusiva. Este es el caso también de los titulares de Hacienda, de Fomento y de Presidencia.
Todos, salvo Ángel Ibáñez que percibe algo menos, suman a su ‘nómina’ 4.840 euros hasta septiembre, a lo que deberán añadir las dietas por la actividad legislativa de este último trimestre. Sin salir de la cúpula de la Junta, perciben más que Mañueco otra veintena de altos cargos, desde directores generales a secretarios de algunas carteras o el interventor general de Economía y Hacienda.
Entre los delegados territoriales, solo el de Palencia, José Antonio Rubio, supera el sueldo de Fernández Mañueco y del resto de titulares de cartera, con 93.754 euros. Estas cifras se mantienen puesto que el proyecto de ley de Presupuestos de Castilla y León para el próximo año «no aplicará ni al presidente de la Junta ni a los consejeros el incremento del 0,9% de salario que sí incluirán las cuentas para los empleados públicos». Una decisión del Consejo de Gobierno que se sustenta en el contexto actual de crisis sanitaria y con la que se desmarca del Ejecutivo del país, que sí prevé aplicar esa subida salarial para los miembros del Gobierno central.
Por otro lado, cuando Mañueco ocupa su escaño en las Cortes vuelve a encontrarse en la ‘bancada’ de los sueldos menos abultados. Los portavoces de los grupos –también del suyo– y los miembros de la Mesa cobran alrededor de 20.000 euros más que él (algo menos si se tienen en cuenta las dietas que sí percibe por no tener dedicación exclusiva en el Parlamento autonómico).
Hasta los portavoces adjuntos se ‘embolsan’ más: 90.491 euros. En términos únicamente económicos, ser portavoz de Diputación puede resultar más rentable que dirigir la Comunidad. Cinco dirigentes de instituciones provinciales de Castilla y León tienen un salario más alto que el del presidente.
César Rico, presidente de la Diputación de Burgos, dispone de una asignación anual mayor que la de sus homólogos. Su sueldo se fija en 84.904,46 euros brutos anuales, y le sigue Eduardo Morán, al frente de la de León, con 81.388,86 euros. Con unas cifras cercanas está el dirigente de la Institución vallisoletana Conrado Íscar (81.177,5 euros). Tras él, se encuentra la presidenta de la palentina, Ángeles Armisén (77.655,62) y el salmantino Javier Iglesias (77.106,12).
El resto de presidentes de diputaciones no tienen una remuneración mayor que la del líder del Gobierno autonómico. Miguel Ángel de Vicente percibe por llevar las riendas de la segoviana 70.537,2 euros; Carlos García, de la de Ávila, 62.255,3, y Francisco José Requejo por la de Zamora, 61.360 euros. La menor cuantía corresponde al dirigente soriano Benito Serrano (57.750).
Respecto a los alcaldes de los municipios de más de 20.000 habitantes de Castilla y León, solo sobresale por encima del líder del Ejecutivo castellano y leonés el regidor de Valladolid, Óscar Puente, con un sueldo bruto anual de 86.814,28 euros. El resto de regidores bajan de los 70.000 euros.
Después de Puente, se sitúan el primer edil de Ávila, Jesús Manuel Sánchez Cabrera (69.665,96 euros); el de Salamanca, Carlos García, como tercer regidor que más percibe por sus 69.501,81 euros; el de Burgos, Daniel de la Rosa, con 63.643,72 euros, y la alcaldesa de Segovia, Clara Luquero, 62.546,12 euros. José Antonio Díez, al frente del Ayuntamiento de León, cuenta con una nómina de 60.356,66 brutos, y el séptimo es el soriano Carlos Martínez, con 58.000 euros. La regidora de Aranda, Raquel González, tiene asignados 55.418,92 euros, y el de Ponferrada, Olegario Ramón, 50.271.