A comienzos de los años 90 del siglo pasado, la Junta de Castilla y León y el Ayuntamiento de Salamanca suscribieron un convenio para facilitar una vivienda a los sectores de población que, a juicio de ambas instituciones, se encontraban en condiciones graves de exclusión social, residiendo aún en infraviviendas o de forma hacinada.
A las nuevas viviendas, un total de 73, se les llamó “régimen de precario”, y fueron construidas por toda la ciudad. Se prestaron a los inquilinos seleccionados a coste cero, y así se han mantenido muchas durante casi 30 años. Sin embargo, de un tiempo a esta parte, el Ayuntamiento de Salamanca consideró que, para adaptarse a las nuevas realidades socioeconómicas, era necesario que estos inquilinos pasaran a pagar un alquiler social por el uso de las casas.
De esas 73 viviendas, entre 2017 y 2021 se ha hecho efectivo el cambio de régimen en el 42% de los casos, y sus inquilinos han comenzado a pagar una cantidad prácticamente simbólica de forma mensual, ya que la más alta es de 150 euros. Pero el 57% de estos domicilios de titularidad municipal, en estos tres años, todavía no ha pasado a gestionarse aún en régimen de alquiler social.
Son 42 domicilios, distribuidos por las calles Castroverde y Rodasviejas (Zurguén), La Bañista y Miguel Ángel (Alambres-Buenaventura), Maestro Soler (Barrio del Tormes), Mayor de Chamberí, Profesor Lucas (Barrio Blanco), plaza de Extremadura y Villanueva de la Serena (Buenos Aires) y Ruiz Zorrilla (Pizarrales).
¿Y por qué, desde 2017, aún no se ha completado ese cambio para que los inquilinos comiencen a pagar? La respuesta es sencilla: El Ayuntamiento de Salamanca tiene grandes dificultades para determinar con precisión qué personas viven en ellas actualmente y si siguen allí los adjudicatarios de hace casi tres décadas.
Un informe elaborado por la Sección de Inclusión Social del Ayuntamiento de Salamanca, que pertenece al Área de Bienestar Social, y que ha sido facilitado a todos los grupos políticos que forman el Consistorio esta semana, muestra a todas luces que con muchas de esas 42 viviendas que continúan en régimen de precario se ha venido sistemáticamente produciendo un fraude, ya que en las casas no viven quienes recibieron esta ayuda municipal. Y lo que es más llamativo, durante años a nadie le ha parecido muy relevante, tal y como se desprende de las 13 páginas del informe.
El documento municipal destaca que, por la antigüedad de las fechas de algunas de las viviendas de régimen de precario, hay personas que ya tienen posibilidad de ejercer la denominada “usucapión extraordinaria” y pasar así a ser los propietarios de pleno derecho. Sólo les hace falta demostrar que durante los últimos 30 años esa ha sido su vivienda de forma ininterrumpida, por lo que han asumido los costes de mantenimiento y reparaciones.
El informe destapa que en algunas viviendas no aparecen los contratos o que los inquilinos seleccionados en los años 90 han fallecido (en algún caso, la muerte se produjo hace 16 años) pasando a vivir allí sus descendientes. En otras de estas casas viven las nueras o las exparejas. En ciertos domicilios los problemas con los registros comienzan en 1996…
En resumen, Bienestar Social constata que el 21% de las viviendas públicas que en Salamanca se mantienen en régimen de precario no cuentan con contrato, y el Ayuntamiento sólo tiene sospechas de quién puede vivir en ellas por algunas notificaciones, entre ellas las policiales.
Viviendas que directamente han sido heredadas
Antes de convertirlas en viviendas en régimen de alquiler social, la Sección de Inclusión Social del Consistorio salmantino ha tratado de ponerse en contacto con las personas que residen en estos momentos en esas 42 viviendas para tratar de regularizar su situación.
Para ello, el Ayuntamiento envió notificaciones a las casas en la primera quincena del mes de diciembre de 2019, solicitando una serie de documentación, como los datos de los integrantes de las unidades familiares de convivencia y de todos sus miembros, así como diversos certificados del Servicio Público de Empleo, contratos de trabajo, prestaciones sociales, certificados de escolarización obligatoria de hijos menores o incluso licencias fiscales y autorizaciones municipales para la venta ambulante.
Se enviaron un total de 39 notificaciones, porque tres de las viviendas carecen de contrato, pese a que se encuentran habitadas desde los años 1994 y 1996. El informe constata que estas viviendas sociales, directamente, las han heredado familiares sin que se acredite documento alguno para ello.
De esas 39 notificaciones, el 100% devuelve la documentación de forma incompleta, por lo que el Consistorio decide llevar a cabo entrevistas presenciales con cada familia. Sin embargo, el procedimiento se vio interrumpido por el estado de alarma hasta junio de 2020. Todavía quedan inquilinos de varias viviendas que permanecen sin aportar la documentación, mientras el proceso se sigue alargando.
Este diario se ha puesto en contacto con los grupos municipales para conocer su opinión sobre lo ocurrido en estas viviendas. El portavoz del Grupo Municipal Socialista, José Luis Mateos, asegura con rotundidad que se ha hecho un uso “muy precario de las viviendas en precario, valga la redundancia”. Además, va más allá y considera que, durante años, se ha producido un “verdadero fraude”, del que nadie se ha ocupado porque, sospecha, se trata “de un granero de votos, unas zonas de voto cautivo para el PP”.