El desembolso en pensiones en Castilla y León continúa su tendencia ascendente, alcanzando cifras récord que superaron los 10.000 millones de euros en 2024, tal y como recoge la agencia Ical. Este aumento, impulsado por las subidas aprobadas por el Gobierno y el creciente número de pensionistas, plantea un desafío significativo para la sostenibilidad del sistema, especialmente en provincias como Salamanca.
En Salamanca, el gasto en pensiones alcanzó los 1.230,5 millones de euros en 2024, lo que representa un aumento del 6,1 % con respecto al año anterior. Este incremento, aunque ligeramente inferior al promedio regional, refleja la tendencia generalizada de aumento del gasto en pensiones en toda Castilla y León.
Cabe señalar que Salamanca cuenta con un número significativo de pensionistas, representando un porcentaje considerable de su población, que las cotizaciones por jubilación en Salamanca no cubren la totalidad del gasto en pensiones, generando un déficit que debe ser compensado con fondos de otras regiones, y que el aumento del número de pensionistas y la cuantía media de las pensiones plantean desafíos para la sostenibilidad del sistema en la provincia.
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Cotizaciones sociales y pensiones en Castilla y León. ICAL
La situación deficitaria del sistema de pensiones en Salamanca, al igual que en el resto de Castilla y León, requiere medidas para garantizar su sostenibilidad a largo plazo. Algunas posibles soluciones incluyen: aumentar el número de cotizantes en la provincia, incrementar la cotización media de los trabajadores, fomentar el crecimiento económico y la creación de empleo en la región.
A nivel regional, Castilla y León contaba con 630.492 pensionistas al inicio de 2025, lo que representa un aumento del 1 % con respecto al año anterior. La cuantía media de las pensiones en la Comunidad se situó en 1.305 euros, con un aumento anual del 4,7 %.
El aumento del gasto en pensiones en Salamanca y Castilla y León plantea un desafío importante para la sostenibilidad del sistema. Es necesario adoptar medidas para garantizar que el sistema pueda seguir cumpliendo con su función de proporcionar una pensión digna a los jubilados
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