A lo largo de este año, la Consejería de la Presidencia ha financiado un total de 32 proyectos de Cooperación Internacional: 26 de ellos, mediante la convocatoria anual de proyectos, microproyectos y microacciones; y otros 6, a través de la nueva línea de ayudas para llevar a cabo actuaciones solidarias concretas en colaboración con entidades locales y empresas, a través de la que el Gobierno autonómico aporta hasta un 90 % del presupuesto de la actuación. En total, más de 4 millones de euros para poder seguir avanzando en la mejora de las condiciones de vida de las personas más vulnerables, actuando siempre con una planificación a medio y largo plazo, pensando en la manera de impulsar buenas prácticas entre la población, y de dotarles de la formación y las infraestructuras necesarias para que, en un futuro, tengan todas las herramientas a su alcance para crear sociedades prósperas y autosuficientes.
Muchas de estas acciones financiadas tienen, directamente, como grupo beneficiario las mujeres. Y todos los proyectos, aunque aparentemente puedan estar poco relacionados con el apoyo directo a las mujeres de estos países, promueven importantes cambios en su situación. El consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago, ha afirmado que “este es, precisamente, el resultado de la cuidadosa planificación que esta Consejería realiza para establecer criterios, para financiar y para realizar el seguimiento de cada una de las acciones, que han de tener en cuenta a toda la sociedad en general, y a los colectivos más oprimidos y desfavorecidos en particular”.
En efecto, es necesario analizar la situación previa de los contextos en los que se materializan los proyectos. La finalidad es controlar que las actuaciones que se llevan a cabo promuevan siempre una transformación que garantice la igualdad de la mujer en cada uno de los escenarios, que son muy diferentes entre sí y que, por tanto, requieren diferentes estrategias de acercamiento.
La mujer y el acceso a la alimentación
Son muchos los ámbitos en los que los proyectos de Cooperación al Desarrollo de la Junta de Castilla y León se centran a nivel internacional, y todos están enfocados a garantizar el cumplimiento de los derechos básicos de la población en las comunidades en las que se desarrollan: a la seguridad, a la educación, a la salud, etcétera. Siendo la igualdad entre seres humanos el objeto del primero de los Derechos Humanos reconocidos a nivel internacional, las políticas de mujer constituyen una prioridad en cualquiera de las actuaciones.
Por ejemplo, en un primer momento podría parecer que los proyectos de Cooperación al Desarrollo relacionados con el derecho a la alimentación poco tienen que ver con la promoción de la igualdad. Sin embargo, la Consejería de la Presidencia fomenta, a través de los proyectos financiados, la capacitación de las mujeres y la promoción de su participación en la vida política a través del fortalecimiento de su tejido asociativo.
La intención es perseguir, dentro del ámbito concreto del acceso a la alimentación, un cambio estructural en los roles sociales y en las posibilidades de participación de las mujeres en la vida pública. En este caso, mientras se ofrece a las mujeres las herramientas y los conocimientos necesarios para poder llevar a cabo los diferentes trabajos relacionados con la producción de alimentos, también se las dota de capacidad de gestión y de decisión, impulsando sus herramientas de liderazgo e incentivando su protagonismo en la mejora de los servicios comunitarios.
En 2024, por ejemplo, se ha concedido un proyecto dirigido a las mujeres de varias comunas rurales de Mali, con el objetivo de garantizar el derecho a la alimentación de sus hijas e hijos mediante sistemas de producción sostenibles. El proyecto, desarrollado junto a la Fundación Proyecto Solidario por la Infancia, prevé la instalación de huertas y la cría de aves y peces nativos, para producir alimentos con alto valor proteico durante todo el año. Estas instalaciones irán acompañadas de talleres para madres y padres sobre la preparación de alimentos, y sobre conductas saludables en alimentación. Además, se iniciarán campañas de vigilancia nutricional, no solo para los niños, sino también para las mujeres embarazadas y gestantes. Todas estas acciones irán acompañadas de campañas de formación en liderazgo comunitario dirigidas a mujeres, así como de campañas de sensibilización para favorecer el trato igualitario entre hombres y mujeres. Se prevé que más de 800 personas resulten beneficiadas por este proyecto, de las que más de la mitad serán mujeres, con una mirada especial al desarrollo de la infancia.
Otro proyecto concedido este año por la Consejería de la Presidencia, con una temática similar, es el que desarrollará Manos Unidas en varios distritos de El Salvador para favorecer la soberanía alimentaria de comunidades especialmente desfavorecidas. Tras la instalación de nuevos sistemas de riego, se dará formación a medio centenar de mujeres para que puedan cultivar huertos más productivos y manejar animales de granja. Estas acciones buscan garantizar una fuente estable de alimentos y mejorar la autonomía de las familias, especialmente de las mujeres. Además, como en el caso del proyecto anterior, se realizarán campañas de sensibilización con toda la comunidad para favorecer que las mujeres tengan un papel más activo en la toma de decisiones en las instituciones locales. Se estima que 550 personas puedan beneficiarse de estas acciones, de las que 440 serán mujeres.
Dentro del ámbito de la alimentación, es especialmente importante garantizar este derecho entre las mujeres embarazadas y los niños recién nacidos. Por eso, la Consejería de la Presidencia ha financiado un proyecto en Guatemala, desarrollado por la ONG Fundación del Valle, para supervisar y apoyar la nutrición entre este sector de la población mediante la creación de varios Comités de Vigilancia Nutricional, en especial entre las comunidades indígenas. Además, estas acciones van acompañadas de campañas de tratamiento médico y de prevención de enfermedades comunes entre la población. Más de 3.400 mujeres y sus familias se verán beneficiadas por esta iniciativa.
La mujer y el acceso a la educación
Impulsar mejoras en el papel que representan las mujeres en las comunidades más desfavorecidas, en cuanto a toma de decisiones, formación, e implicación activa en la parte técnica de los proyectos, es un objetivo transversal que recorre todas las acciones solidarias financiadas por la Consejería de la Presidencia. Otro sector en el que claramente se puede comprobar esta aspiración es el de los proyectos destinados a garantizar la educación en los países más vulnerables.
Una de las acciones solidarias financiadas por la Junta de Castilla y León, en este caso junto a la empresa Asercomix Logistics S.L. gracias a la nueva línea de actuaciones colaborativas, se implica en promover el derecho a la educación de las niñas en las afueras de Dakar, la capital de Senegal. Para ello, y en colaboración con la ONG Amycos, se construirán diferentes espacios en la zona, como una sala multiusos y un campo de fútbol, para que estas niñas, de 8 a 16 años, puedan participar en actividades educativas y deportivas en un entorno adecuado. Gracias a ello, verán reforzado su papel en la sociedad, al permitirles participar activamente en la vida comunitaria. La población beneficiada puede llegar a las 1.500 mujeres, dado que estas instalaciones también estarán abiertas a la organización de actividades entre las mujeres que vivan en la zona, impulsando su integración en la sociedad y favoreciendo su bienestar físico y emocional.
Un último ejemplo en este ámbito es el proyecto que la Junta de Castilla y León desarrollará en Guatemala junto a la Fundación FABRE, para promover la formación técnica profesional de las mujeres en Ciudad de Guatemala. Para ello, se consolidará la infraestructura de un centro educativo específico para su formación, con la mejora de las condiciones de enseñanza y la adquisición de equipos especializados. Con estas mejoras se logrará ampliar la oferta educativa del centro y la capacitación de mujeres que, cuando culminen su formación, estarán capacitadas para acceder en mejores condiciones al mercado laboral. Hasta 600 mujeres se verán beneficiadas a medio plazo por estos trabajos.
En definitiva, y como señala González Gago, “estos proyectos en los ámbitos de la soberanía alimentaria y el acceso a la educación no solo están enfocados a lograr el bienestar de las mujeres y de sus familias, sino que el objetivo es mucho más profundo, y consiste en aumentar el grado de participación de estas mujeres en la vida pública, y su formación tanto en habilidades técnicas como políticas y sociales, para que puedan ejercer sus derechos y plantear sus demandas y sus necesidades con mayor eficacia”.
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