La aplicación del Real Decreto 933/2021 sobre registro documental entrará finalmente en vigor este lunes, 2 de diciembre, tras prorrogarse en tres ocasiones y haber sido objeto constante de críticas por parte del sector turístico, que lo considera "inaceptable" y que ya estudia acciones legales con respecto a su inminente entrada en vigor.
En concreto, entre las denuncias más pronunciadas por la industria están su posible incompatibilidad con el reglamento de la Unión Europea, unido a que su aprobación generaría "inseguridad jurídica e imposibilidad de cumplimiento", desventaja competitiva en el mercado nacional y europeo, alta de adecuación tecnológica y carga administrativa desproporcionada para las empresas, ya que el 95% del núcleo del sector son pymes.
Recientemente, la Confederación Española de Agencias de Viajes (CEAV) calificó de "inaceptable" esta normativa, confirmando que van a continuar con sus planteamientos jurídicos, tanto sobre la exclusión de las agencias de viajes, como de la industria Mice y el corporativo.
A estas críticas se suman las de los hoteleros, ya que la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (Cehat)denunció que el nuevo reglamento no sólo afecta negativamente a los turistas internacionales, sino también a los ciudadanos españoles que hacen uso de hoteles y alojamientos en sus desplazamientos dentro del país.
"Estos deberán enfrentarse a trámites administrativos más complejos y tediosos, comprometiendo su experiencia de alojamiento", argumentó.
El sector estudia acciones legales
Entre otras medidas, los hoteleros está trabajando con expertos legales para evaluar las opciones judiciales disponibles, con el objetivo de impugnar la normativa "por su impacto desproporcionado y su incompatibilidad con las directivas europeas".
La patronal Cehat considera que estas acciones son "necesarias" para defender los derechos de los viajeros y garantizar un entorno regulatorio "equilibrado y justo" para los establecimientos turísticos.
"Llevamos meses solicitando diálogo y propuestas concretas para garantizar la seguridad jurídica y la viabilidad del sector, pero no hemos recibido ninguna respuesta. Ante esta falta de voluntad política, nos vemos obligados a plantear vías legales para proteger tanto a los empresarios como a los viajeros", subrayó su presidente, Jorge Marichal. "Vulnera la normativa europea de protección de datos por la cantidad de datos sensibles y personales que exige recabar a las empresas".
Objetivo del proyecto
En concreto, el objetivo de este instrumento por parte del Ministerio del Interior es regular el proceso para lograr que todas las compañías afectadas tengan más facilidad para lograr que todas las compañías afectadas tengan más facilidad para introducir el conjunto de datos recogidos en la normativa. Por ello, esta audiencia pública, que tendrá una duración de dos semanas, dará la oportunidad a las empresas de proponer sus mejoras con respecto al registro.
Ante las críticas constantes del sector turístico, el Ministerio ha defendido que este registro es "un instrumento policial de cara a la prevención y lucha contra el terrorismo y el crimen organizado", que "protagonizan los mayores ataques a la seguridad ciudadana". Por lo tanto, a partir de este lunes será de obligado cumplimiento proporcionar los datos correspondientes en la plataforma Ses.Hospedajes, que lleva disponible desde 2022, por lo que hay empresas que ya han volcado estos datos.