El Senado ha dado luz verde definitiva a la reforma del Estatuto de los Trabajadores y de la Ley General de la Seguridad Social, eliminando la extinción automática del contrato laboral para personas que obtienen una incapacidad permanente.
La votación final en el Pleno del Senado concluyó con un amplio respaldo de 251 votos a favor, provenientes de todos los grupos parlamentarios a excepción de VOX, que votó en contra. No se registraron abstenciones.
Esta nueva ley tiene como objetivo principal proteger a los trabajadores con incapacidad permanente, impidiendo su despido automático. En adelante, la decisión de la empresa de rescindir el contrato estará supeditada a la voluntad del empleado y a la posibilidad real de adaptar su puesto de trabajo o de ofrecerle una vacante compatible con su nueva situación profesional.
La empresa solo podrá recurrir al despido por incapacidad permanente cuando las medidas de adaptación o reubicación supongan una carga económica desproporcionada. Asimismo, la reforma modifica el artículo 49.1 del Estatuto de los Trabajadores, separando el tratamiento legal de la extinción del contrato por fallecimiento del trabajador de los casos de incapacidad permanente.
Durante su tramitación en el Congreso, se añadió una enmienda que obliga al Gobierno a aprobar, en el plazo de un año, una ley específica para la adaptación de puestos de trabajo para guardias civiles, policías nacionales y militares con discapacidad.
Aunque la ley permite a las empresas evitar la adaptación de puestos si implica una "carga excesiva", una enmienda de Podemos introdujo una precisión importante: si el coste de la adaptación no supera la indemnización por despido o seis meses de salario, la empresa no podrá alegar dicha carga excesiva.
Tras la aprobación en la Comisión del Congreso, el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) celebró la eliminación de lo que consideraba una "discriminación histórica" en la legislación laboral.
El CERMI expresó su agradecimiento al Gobierno, en particular al ministerio liderado por Yolanda Díaz, y a los grupos políticos por su impulso y el amplio apoyo brindado a esta iniciativa, que era una prioridad para la agenda política de la discapacidad organizada.
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