Los delitos por sustracción de menores cometidos por alguno de los progenitores descendieron un 7% en 2024 respecto al año anterior, según datos del Informe Anual de Personas Desaparecidas elaborado por el Ministerio del Interior. A pesar del descenso, con un total de 443 denuncias, 2024 se mantiene como el segundo año con más casos desde que se recopilan estos datos, sólo por detrás de 2023, cuando se alcanzaron las 477 denuncias.
La estadística, elaborada por el Centro Nacional de Desaparecidos (CNDES), recoge los hechos conocidos desde 2010. En ese año se registraron 290 casos, la cifra más baja desde que comenzaron a contabilizarse. En los últimos años, el número de sustracciones ha ido en aumento, con repuntes destacados en 2018 y 2019, superando los 320 casos, una leve bajada en 2020 (294 casos) y un notable incremento en 2021, con 434 denuncias. En 2022, la cifra volvió a crecer hasta las 397.
El delito de sustracción de menores está tipificado en el artículo 225 bis del Código Penal, que establece penas de dos a cuatro años de prisión y entre cuatro y diez años de inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de patria potestad. Este tipo de delito se produce cuando uno de los progenitores retira a un menor de edad del lugar donde reside habitualmente sin consentimiento del otro progenitor o de la institución responsable de su custodia, o cuando lo retiene incumpliendo de forma grave una resolución judicial o administrativa.
También se considera sustracción el traslado del menor fuera del territorio español sin autorización, siendo una de las causas más complejas por el carácter internacional de muchas de estas situaciones.
El informe pone de manifiesto la importancia de continuar trabajando en la prevención y sensibilización ante estos delitos, que no sólo vulneran derechos legales, sino que tienen un fuerte impacto emocional y psicológico tanto en los menores como en las familias afectadas.
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