La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas, convoca movilizaciones en toda España en protesta por el bloqueo en la negociación colectiva de las condiciones laborales que afectan a los empleados públicos en diferentes ámbitos.
Desde que se constituyó el Gobierno, en noviembre de 2023, no se ha convocado la Mesa General de las Administraciones Públicas. El presidente de CSIF, Miguel Borra, anunció la convocatoria inminente de concentraciones frente al Ministerio de Hacienda y las subdelegaciones del Gobierno de todas las provincias los días 11 de noviembre y 16 de diciembre, sin descartar nuevas medidas más contundentes si el Gobierno no reacciona.
CSIF entiende que se deben abordar sin más demora los siguientes temas pendientes de aquí a final de año:
- Negociación de un nuevo acuerdo salarial (el actual concluye a finales de diciembre). Las/os empleados públicos han perdido un 5 por ciento desde la firma del acuerdo con CCOO y UGT y un 20 por ciento. A esto debemos sumar que desde los recortes de Zapatero en 2010, la masa salarial de los empleados públicos pertenecientes a la Administración General del Estado se ha reducido en 4.721 millones.
- Recuperación de la estructura salarial previa a los recortes de 2010, con el cobro íntegro de la paga extra. CSIF llevó una iniciativa legislativa popular al Congreso de los Diputados en 2023 y ante el rechazo de la Mesa de la Cámara, tiene recurrida la decisión ante el Tribunal Constitucional.
- Negociación de una nueva oferta de empleo público para 2025 eliminando la tasa de reposición.
- Balance y culminación del plan de estabilización de plazas de personal interino. A 31 de diciembre la cifra no debe superar el 8 por ciento del total y las convocatorias que afectan a miles de personas van con retraso de meses.
- Jornada laboral de 35 horas en el conjunto del Estado e implementación de la carrera profesional en todas las administraciones, así como del teletrabajo.
- Equiparación salarial entre las distintas administraciones públicas.
- Mejora de las condiciones de jubilación.
- Garantías de la continuidad de la atención sanitaria con el mutualismo administrativo, con una adecuada financiación.
Borra manifestó la preocupación del sindicato ante la incapacidad del Gobierno para alcanzar un acuerdo de financiación y en materia de Presupuestos, que permitan poner en marcha las reformas que necesitan las administraciones públicas, cada vez más tensionadas en ámbitos tan importantes como la Sanidad, la Educación, los Servicios Sociales o la Administración General del Estado.
Esta administración acumula un déficit de 43.000 plazas correspondientes al periodo 2010-2020 y el 60 por ciento de la plantilla se jubilará a lo largo de los próximos diez años. Esta circunstancia pone en peligro la sostenibilidad de nuestra Administración. Además, en estos momentos se encuentran enquistados conflictos laborales en la Seguridad Social, Agencia Tributaria, Inspección de Trabajo o el SEPE (este último organismo afrontará una crisis de personal a principios de año con la asunción de competencias en materia del Ingreso Mínimo Vital).
Coincidiendo con la convocatoria de movilizaciones, CSIF ha presentado un informe que pone de manifiesto la pérdida de poder adquisitivo del conjunto de los empleados públicos desde los recortes de 2010 y las diferencias retributivas entre los trabajadores de la Administración General del Estado y el resto de administraciones.
El informe revela que los empleados públicos de esta administración cobran de media 8.000 euros menos al año que los trabajadores de CCAA y ayuntamientos por el mismo trabajo. Esta cifra es la media de las desigualdades retributivas que padecen los funcionarios (8.690 euros menos anuales de media) y el personal laboral (7.380 euros menos). La horquilla de diferencias salariales en función de grupos y categorías varía entre los 11.826 y 4.349 euros, en el caso del personal funcionario; y los 10.087 y los 3.523 euros, en el caso del personal laboral.
El estudio de CSIF calcula que el importe para lograr la equiparación salarial en la Administración General del Estado sería de 1.487 millones repartidos entre 2025, 2026 y 2027, hasta lograr la igualdad salarial plena en 2028.