Castilla y León ya ha ejecutado más de 107 millones de 13.000 solicitudes de ayudas COVID a empresas y la cifra seguirá creciendo las próximas semanas, hasta la resolución de las 19.500 peticiones cursadas a la Junta, cuyo abono está condicionado a un informe de la Agencia Tributaria.
El consejero de Economía y Hacienda de la Junta, Carlos Fernádez Carriedo, desmintió este lunes que Castilla y León vaya a tener que devolver 180 millones de los 232 destinados a la Comunidad por el Gobierno en ayudas a empresas para paliar el impacto de la COVID-19, cuando ya tienen “bastantes más de 100 millones ejecutados” y no está cerrada la resolución de estos apoyos. “No se de dónde se sacan ese dato”, dijo Carriedo en relación a una denuncia efectuada por UPTA, y recordó que el plazo para pedir estas ayudas se cerró el 15 de noviembre, y tienen hasta finales de año para su resolución, y hasta el 30 de junio del 2022, para cerrar con el Gobierno la convocatoria.
Carriedo recordó que Castilla y León fue la segunda autonomía que convocó estas subvenciones, prorrogó una y otra vez los plazos, y amplió los sectores que podían beneficiarse desde 96 de base establecidos por el Gobierno, a 590, el 97 por ciento del total.
El consejero lamentó, no obstante, las dificultades de muchas empresa para poder acceder a estas ayudas, por los criterios rígidos impuestos desde el Ejecutivo central, y trasladó que ya envió una carta a la vicepresidenta del Gobierno, para reclamar su flexibilización y “todavía están a tiempo”, dijo.
Carriedo expuso que Castilla y León estará por encima de la media en ejecución de estos fondos, aunque insistió en que habría que flexibilizar los criterios que obligan a las empresas a justificar un 30 por ciento en pérdidas, y un proceso de endeudamiento para afrontar los gastos, porque muchas están en ese límite, y han empleado sus ahorros y su patrimonio para transitar por la crisis, y no pueden justificar su financiación por terceros.
El consejero de Economía y Hacienda reclamó, no obstante, que si no se ejecutan todas las ayudas, la Comunidad pueda disponer de los fondos que sobren, para poder ayudas a muchas empresas que lo están pasando muy mal en la actualidad por la “rotura de stoks” que impide determinados aprovisionamientos.
Inflación
Carlos Fernández Carriedo lamentó además la situación generada por el incremento de los costes de producción, con un IPC disparado, un 5,6 por ciento, el “peor dato en 29 años”, que deteriora los márgenes de empresas, pymes y autónomos y provoca una pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores. “El IPC dificulta de la vida del conjunto de la sociedad porque graba el ahorro”, dijo.
Carriedo denunció, en ese sentido, el “error” del Gobierno al cerrar de forma anticipada las minas de carbón y la centrales térmicas, que podían haber paliado los precios energéticos.
El consejero insistió en el” impacto muy relevante” en las empresas, aunque explicó que el aumento de las exportaciones está demostrando que muchas actividades son competitivas, con productos bien valorados en otros países, por lo que sobre esa base “se podrían elevar los salarios” en algunos convenios. “La experiencia nos demuestra que las épocas de crecimiento y mayor productividad han permitido mejorar las retribuciones”, dijo, para ligar las subidas salariales a los aumentos de competitividad empresarial.
En cuanto a los empleados públicos, destacó que también sufrirán pérdida de poder adquisitivo, con un alza de sus retribuciones fijada por el Gobierno del dos por ciento, pese al “esfuerzo” de la Junta, dijo, con el desarrollo de la carrera profesional.
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