El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) ha planteado al Gobierno de España una serie de propuestas para que la futura Ley de Juventud garantice la inclusión de los jóvenes con discapacidad, como la "no discriminación" y "la accesibilidad universal" en productos, entornos, servicios, información y comunicación permee todo el texto, o que se garantice la participación de las personas jóvenes con discapacidad en todos los ámbitos de la vida pública.
En el documento, en el que se recogen peticiones elaboradas desde la plataforma unitaria de la discapacidad --en particular, de la Comisión de Juventud del CERMI--, el Comité advierte de la "alarmante baja participación de las personas jóvenes con discapacidad en todos los ámbitos de la vida pública", por lo que considera "imprescindible" que la futura Ley garantice este punto.
Además, otra de las propuestas que sugiere pone el foco en la no discriminación. "Es fundamental impulsar la concienciación social hacia la realidad de la juventud con discapacidad", reza el texto. En este sentido, el CERMI ha afirmado que la accesibilidad universal en productos, entornos, servicios, información y comunicación debe permear todo el texto como "primer y principal requisito contra la discriminación".
Entre las consideraciones que, según CERMI, deben tenerse en cuenta en el Anteproyecto de Ley, señala también la necesidad de que las políticas públicas de juventud sean "exigentes y respetuosas con el modelo de derechos humanos", de modo que, propone que la futura Ley "se conciba y despliegue conforme al paradigma de la Convención, el único marco de referencia posible".
Asimismo, ha manifestado la necesidad de que el anteproyecto tenga presente la reciente reforma social de la Carta Magna para que los poderes públicos impulsen una política de juventud que garantice la plena autonomía personal y la inclusión de las personas con discapacidad jóvenes.
Desde el CERMI también han expuesto la necesidad de que la futura Ley sea "interseccional" para que ofrezca respuestas individuales a cada persona con discapacidad joven y que tenga en cuenta a mujeres con discapacidad jóvenes por enfrentarse a formas agravadas de discriminación en todos los ámbitos de la vida.
Asimismo, propone en este documento que la futura norma sea el marco de unas políticas públicas de juventud "con suficiente dotación económica, enfocadas a potenciar el activismo juvenil y el empoderamiento de la juventud con discapacidad"; y que impulse cauces de participación inclusivos para garantizar una representación política adecuada de las personas con discapacidad jóvenes en la dimensión política y social.
En cuanto al ámbito de la norma, el CERMI expone que la Ley debe impulsar el trabajo y empleo de la juventud con discapacidad en condiciones dignas, su derecho a la vida independiente, la protección social, una vivienda inclusiva, las necesidades en materia de políticas públicas de salud, una educación inclusiva y de calidad, y entornos de ocio y cultura inclusivos.
Igualmente, pide "considerar la prevención, detección y atención temprana, aplicar un enfoque sociosanitario" y "analizar la salud mental desde un enfoque bio-psico-social"; y proteger a la juventud con discapacidad contra la explotación, violencia y abuso, ante la transición digital, la crisis ecosocial y la violencia de género.
Asimismo, el CERMI señala que es "imperativo" que la nueva Ley diseñe indicadores y métricas que permitan la medición continuada y con ello un seguimiento y evaluación adecuados, a fin de conocer el impacto social en las personas con discapacidad jóvenes. Finalmente, plantea que el anteproyecto prevea la "existencia de mecanismos y estructuras formales y permanentes para la participación y diálogo activos de las organizaciones representativas de personas con discapacidad jóvenes".