El Ayuntamiento de Salamanca, a través Concejalía de Familia e Igualdad de Oportunidades, que representa Ana Suárez Otero, ha anunciado esta mañana una nueva línea de ayudas sociales destinada a paliar los efectos económicos derivados de situaciones de emergencia como el COVID-19.
En la nueva medida se modifica el Reglamento Regulador de la prestación económica destinada a la atención de necesidades básicas de subsistencia en situaciones de urgencia social, de la prestación económica extraordinaria frente a situaciones de deuda hipotecaria, en el municipio de Salamanca. Esta modificación incluye una nueva prestación económica extraordinaria frente a situaciones de urgencia social por causas de fuerza mayor sobrevenidas, que permitirá ofrecer una ayuda urgente a los salmantinos que puedan verse afectados por alguna emergencia.
En este contexto, Ana Suárez ha manifestado que “el análisis de la demanda de ayudas sociales de los últimos meses nos ha permitido identificar con mayor precisión el perfil de las personas que se han visto afectadas por la crisis económica derivada de la pandemia. Se trata de familias que previamente a la crisis disponían de ingresos medios/altos y tras la paralización de la economía han pasado a situaciones de grave vulnerabilidad económica. Esta línea nacida del consenso de todos los grupos municipales les supondrá un balón de oxígeno para afrontar estos momentos tan complicados”.
Tras la aprobación inicial del dictamen en la Comisión de Bienestar Social celebrada esta mañana, la propuesta se llevará al Pleno Municipal del próximo 30 de diciembre para tramitarla con la máxima celeridad y que pueda estar operativa cuanto antes.
Una vez aprobada podrán beneficiarse de estas ayudas las personas empadronadas en el municipio de Salamanca que hayan pasado a estar, a partir de una situación declarada de fuerza mayor, en situación de desempleo, sujetas a un Expediente Temporal de Regulación de Empleo (ERTE) o a un Expediente de Regulación de Empleo, que hayan cesado su actividad en el caso de ser un trabajador por cuenta propia, que hayan visto reducida su jornada laboral u otras circunstancias similares vinculadas a la actividad laboral o empresarial.
Para facilitar el acceso de los ciudadanos a esta línea de ayudas se han flexibilizado los criterios que deben cumplir. De esta manera, la unidad familiar podrá ser titular de bienes inmuebles con valor de hasta 300.000 euros. Los ingresos mensuales de la unidad familiar hasta la situación de urgencia podrán ser de hasta 3.222,66 euros. Los ciudadanos podrán beneficiarse de esta ayuda si tras la situación de urgencia han sufrido una pérdida sustancial de ingresos, de tal manera que los ingresos de la unidad familiar no superen la cuantía equivalente a la prestación máxima por desempleo, que son 1.098,09 euros en el caso de solicitante sin hijos en el 2020 (se aplicarán factores correctores por ascendientes o descendientes a cargo). La cuantía de la ayuda por unidad familiar será la necesaria para completar un importe máximo equivalente a la prestación contributiva máxima de desempleo tomada como referencia, computando hasta tres mensualidades.