Los sindicatos a nivel nacional llevan dando la voz de alarma desde hace tiempo, pero un reciente caso de agresión en un centro penitenciario les ha llevado a volver a movilizarse. El día 13 de marzo de este mismo año, una funcionaria de una prisión catalana fue asesinada por uno de los presos. Motivo por el cual, ese mismo día, los funcionarios de la prisión de Topas salieron a las puertas del centro y protagonizaron un minuto de silencio por su compañera de profesión (la fotografía está desenfocada por motivos de seguridad).
Jesús Crego, funcionario en el centro penitenciario de Topas y delegado de CC.OO., explica que las agresiones físicas a los funcionarios en la cárcel de la provincia salmantina se han triplicado. En concreto, 2023 ha registrado 9 agresiones físicas, pues, "si contamos agresiones verbales y amenzas, podrían superar el centenar". A nivel nacional, el pasado año se han contabilizado 504 agresiones, "cada día se registra una nueva agresión a un funcionario de prisión", lamenta Crego.
Son varios los problemas de gestión que fomentan en este tipo de agresiones. En primer lugar, y según Jesús Crego, se necesita un protocolo de prevención: "el protocolo actual actúa sobre las consecuencias y no mira por las causas". Para ello, desde el colectivo se pide que los funcionarios sean tratados como agentes de la autoridad. "Necesitan saber que agredir a uno de nosotros no les va a salir gratis", explica. Además, otro de los grandes puntos muertos de la legislación es que únicamente se contabilizan las agresiones físicas, aquellas que generan un daño físico o alguna lesión, pero no las amenazas o las agresiones verbales.
Otra de las claves del considerable incremento de agresiones físicas en la prisión de Topas es la falta de personal sanitario. "En nuestro centro existe un déficit muy claro de profesionales de la salud, hasta hace poco, Topas era la cárcel a nivel nacional con menos plantilla y con los trabajadores más envejecidos", ha declarado. "El que no exista un plan de apoyo y atención para tratar las patologías psiquiátricas de los internos hace que los mismos se alteren más". Actualmente, el funcionario explica que los internos son tratados mediante la "telemedicina", a no ser que se trate de una urgencia. "Que los internos no sean tratados ante sus patologías, hace que se comporten de manera más agresiva", ha continuado el profesional.
No siendo suficiente, Jesús apela a que "se debe realizar un tratamiento individualizado del interno", pues la jerarquía de los mismos no funciona. Desde el Ministerio de Interior se intentan "maquillar los datos y difundir que las estadísticas de inserción son altas". "Lo que no se sabe es que el 80% de las agresiones a los funcionarios se comenten en los centros penitenciarios".
Se trata de una situación que ya denunció en su día a SALAMANCA24HORAS, Feliciano, delegado sindical de TAMPM (Tu Abandono Me Puede Matar), quien consideraba que "la política de buenismo que se promueve desde el Ministerio de Interior no hace bien al colectivo". "No se nos puede tratar como a un funcionario tal y como puede ser el cartero, nuestra labor es diferente. Llevamos luchando muchos años por que se nos considere agentes de la autoridad", hizo hincapié el delegado del sindicato. Continuas manifestaciones, concentraciones, e incluso la elaboración de un Estatuto de Trabajo, en colaboración con varios profesionales de Derecho que fue enviado al Congreso, han sido rechazadas hasta el momento.
Por todo esto, en la mañana del lunes, 18 de marzo, los sindicatos elaboraron un nuevo escrito dirigiéndose a Grande-Marlaska pidiendo garantías de seguridad para el personal de prisiones frente a las agresiones. "Entendemos que es el momento de dotar al personal de un instrumento que prevenga, proteja y apoye a las víctimas del personal penitenciario agredido físicamente y en otras formas. Las agresiones al personal penitenciario no forman parte necesaria de la actividad penitenciaria y se pueden prevenir y reducir", han concluido en su manifiesto.