El Colegio de Abogados de Salamanca ha denunciado en una concentración ante la sede judicial de la Plaza de Colón la alarmante situación por la que está pasando el sector. A su juicio consideran que la huelga de funcionarios de la administración está provocando que la justicia sea “prácticamente inexistente” al mismo tiempo que está provocando una “grave” crisis económica entre los profesionales.
Es por ello, que han reclamado al Estado la formalización de un acuerdo que reactive de forma inmediata el servicio público de justicia, y la adopción de medidas urgentes para resolver los inadmisibles retrasos ya acumulados. La situación, que han calificado como “insostenible” conlleva una paralización desde hace más de cuatro meses y que acumula “causando gravísimos perjuicios tanto a funcionarios como a profesionales y ciudadanos”, han señalado en un manifiesto.
En el caso de los funcionarios, señalan que “la desidia del Estado para tratar de resolver el conflicto generado les obliga a alargar la huelga en defensa de sus derechos, con las lógicas consecuencias económicas y de acumulación de trabajo que, en algún momento, habrán de realizar”, mientras que en su caso, además de no poder desarrollar su trabajo, “les obliga a incurrir reiteradamente en gastos superfluos, consecuencia de actuaciones judiciales que no se realizan, pero a las que nos vemos obligados a acudir una y otra vez. En resumen, “gastamos pero no ingresamos”, lo que se traduce en una grave situación de crisis económica que afecta profundamente a un sinfín de profesionales y a sus familias.
Finalmente, los ciudadanos “ven imposibilitado o, cuando menos, gravemente obstaculizado, su acceso a la justicia, sin visos de poder obtener una solución eficaz y eficiente a sus problemas y necesidades, con demoras en los señalamientos de juicios que en algunos casos alcanzan ya fechas tan irrazonables como el año 2027, o pensiones de alimentos retenidas en los órganos judiciales, a la espera de que alguien ordene su pago al ciudadano, que, mientras, hace malabarismos para sobrevivir”, han continuado denunciado durante la lectura del manifiesto.
“Sin Justicia no hay democracia ni libertad y los ciudadanos requieren de una Justicia pronta y de calidad. Por ello, exigimos al Estado y al Ministerio de Justicia la inmediata solución de la parálisis del servicio público de justicia, que se desangra ante la mirada impasible de nuestros representantes; y requerimos del estamento político su firme compromiso para alcanzar un Pacto de Estado durante la próxima legislatura que permita crear un servicio público de Justicia, efectivo y de calidad, que haga honor al Estado social y democrático de Derecho que es España. La sociedad española se merece que nuestros representantes realicen, en favor de la Justicia, un ejercicio de responsabilidad democrática, política y social, porque, como decíamos al comienzo, la Justicia es una cuestión de Estado”.