Un total de 189 salmantinas ejercieron su derecho al aborto durante 2020, ninguna en hospitales ni centros sanitarios públicos; de ellas, 118 recibieron esta prestación a cargo del sistema público de salud, pero tuvieron que desplazarse a un centro concertado fuera de la provincia, mientras que otras 72 optaron por financiar su intervención para elegir el lugar donde llevarla a cabo.
Son los últimos datos que han hecho públicos tanto la Consejería como el Ministerio de Sanidad y que reflejan que “aún se penaliza” a las mujeres que quieren ejercer su derecho a la interrupción voluntaria del embarazo (IVE).
Y ¿qué dice la Ley? Hace más de 31 años se despenalizó el aborto en España y once que se promulgó la actual Ley Orgánica 2/2010 de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo, que ampara el derecho a las mujeres a abortar libremente, estipula que es una prestación más de la Sanidad pública y que se incluye dentro de su cartera de servicios.
Sin embargo, cuando se quiere ejercer ese derecho, las mujeres se encuentran con numerosos obstáculos, tal y como viene constatando y denunciado el Movimiento Feminista de Salamanca. “Se ven ninguneadas y culpabilizadas”, demostrando que “pese a esas rimbombantes leyes, aquí se sigue penalizando este ejercicio”. Pero no solo las salmantinas, ocurre lo mismo en el resto de la comunidad y, en general, en toda España.
Las mujeres que han recibido esta prestación a cargo del sistema público de salud han tenido que desplazarse a un centro concertado fuera de Salamanca, pese a que Sacyl tienen conciertos con clínicas salmantinas, a las que se ven obligadas a acudir mujeres de otras provincias. Algo que no parece muy lógico. Quizás por eso, para elegir el lugar donde realizarse la IVE, alrededor de un tercio de las mujeres opta por financiar su intervención; algo que “vuelve a demostrar la doble discriminación realizada sobre mujeres de menor poder adquisitivo”.
Y si en Salamanca no se ha realizado ninguna IVE en un centro sanitario público en 2020 -dos en hospitales privados y 187 en centros extrahospitalarios privados-, la situación se repite, aunque con pequeñas diferencias, en el resto de las provincias de Castilla y León. En el conjunto de la comunidad, se realizaron 60 abortos en centros hospitalarios públicos y 283 en privados, mientras que el resto (2.078) fueron en centros hospitalarios privados.
La historia se repite a nivel nacional; aunque existen diferencias entre comunidades, en su conjunto, según los datos del Ministerio de Sanidad, de las 88.269 IVEs de 2020, alrededor del 85% se realizaron en centros hospitalarios y extrahospitalarios privados. En los primeros, poco más de un seis por ciento tanto en públicos como en privados, mientras que en los segundos, el 78,04% fue en centros privados y el 9,21% en públicos.
Objeción de conciencia
El Movimiento Feminista lleva mucho tiempo realizando gestiones, tanto con el Procurador del Común de Castilla y León, como con el director general de Asistencia Sanitaria de Sacyl, para denunciar que no se realizan las IVE en los hospitales públicos de Castilla y León. En ambos casos, la respuesta que han recibido es que "los profesionales sanitarios directamente implicados en la interrupción voluntaria del embarazo se acogen a la objeción de conciencia".
La Ley, en su artículo 99, recoge que la objeción de conciencia debe ser "siempre individual del personal sanitario directamente implicado en la realización de la interrupción voluntaria del embarazo, que debe manifestarse anticipadamente y por escrito”. Por lo tanto, “no todo el personal sanitario que ejerce en el Hospital de Salamanca se ha acogido a la objeción de conciencia en la forma que se explicita en le Ley”.
Es más, desde el Movimiento Feminista han contactado con algunos de estos profesionales y les han manifestado que “no han realizado esa objeción; simplemente, como nunca se ha entendido que esta intervención deba ser prestada por el sistema público, no se ha planteado llevarla a cabo”. Por lo que “si no hay objeción por escrito y de manera anticipada, no hay objeción, de lo que estaríamos hablando es de una objeción institucional que vulnera la Ley del Aborto”, afirma el colectivo.
Por este motivo, entiende que tras “este pretexto”, se está anteponiendo "una posición ideológica, con la excusa del derecho a la objeción de conciencia de los profesionales sanitarios, al derecho de las mujeres de poder realizar la IVE en su lugar de residencia y con las máximas medidas de seguridad y calidad que ofertan los servicios sanitarios públicos”.
Una situación que “demuestra una falta de respeto y compromiso con la Ley, y causa un daño irreparable a cientos de mujeres que cuando deciden ejercer su derecho, reconocido por una Ley Orgánica, sufren la discriminación de tener que desplazarse para una intención que debería ser asumida por los servicios sanitarios públicos; en este caso, por el servicio de Ginecología del Hospital”.
El artículo 12 de la Ley insiste en la garantía de que “las condiciones para la IVE deben ser interpretadas en el modo más favorable para la protección y eficacia de los derechos fundamentales de la mujer que solicita la intervención, su derecho al libre desarrollo de la personalidad, a la vida, a la integridad física y moral, a la intimidad, a la libertad ideológica y a la no discriminación”.
Protocolo para que la IVE sea efectiva en el Hospital
Desde el Movimiento Feminista de Salamanca insisten es su compromiso por conseguir que este derecho “se pueda ejercer con todo la libertad y las garantías que se explicitan en la Ley”. Su última acción, la remisión de una carta al director médico del Complejo Hospitalario de Salamanca, Pedro Gómez de Quero, para que tome las medidas necesarias para hacerlo efectivo.
De esa manera, le solicitan que se garantice la aplicación de la Ley Orgánica 2/2020 de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la IVE, y el Real Decreto 1030/2006 de 15 de septiembre, en el que se incluye esta prestación dentro de la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud.
Exigen así que “se desarrolle un protocolo para que la misma se haga efectiva en ese hospital y las mujeres de nuestra provincia puedan ejercer su derecho con todas las garantías que están claramente especificadas en esta ley y se acabe con el maltrato institucional que nos obliga a abortar lejos y solas a cientos de kilómetros de nuestros hogares en centros privados que no garantizan nuestra salud ni física ni psicológica”.
En definitiva, demanda que se cumpla la Ley y las interrupciones voluntarias del embarazo que deban llevarse a cabo en Salamanca se practiquen en el Hospital salmantino.
Las mujeres se sienten “desprotegidas y seguimos siendo criminalizas por ejercer un derecho que se ha reconocido por ley, y sigue sin respetarse nuestra decisión de elegir ser madres o no, por cualesquiera que sean los motivos que nos llevan a tomar esas decisiones”.
Además, exigen que existan registros de facultativos médicos y sanitarios objetores de conciencia, como también indica la Ley, y “existan alternativas que garanticen que seamos atendidas en el hospital de referencia público al que pertenecemos”. En definitiva, reclaman “respeto social, sanitario y político”, que “se cumpla con la Ley del aborto en nuestra comunidad” y que “se nos respeten nuestras decisiones sobre nuestros cuerpos y nuestras vidas”.
Los datos de 2020
Las interrupciones voluntarias del embarazo descendieron respecto al año anterior un 9,46% en el conjunto de la comunidad; una caída generalizada en todas las provincias, pero mucho mayor en Zamora y Segovia, con un 26 y 21% menos, respectivamente, mientras que en Salamanca se realizaron 15 menos. La pandemia de la COVID es una de las posibles causas de este descenso.
El 80% de las interrupciones en Castilla y León se registran en mujeres con edades entre los 20 y 39 años, aunque casi un diez por ciento están entre los 15 y 19 años, mientras que hubo un caso en 2020 a los 13 años y otro a los 51 años. El mayor número se observa a los 22 años (116 casos), seguido de los 37 (112) y los 34 (111).
En concreto, en Salamanca, entre los 15 y 19 años, se realizaron 19 IVE en 2020; 48 entre los 20 y 24 años; 37 entre 25 y 29; 36, entre 30 y 34; 35 entre 35-39; 12, de 40 a 44; y una de más de 44 años.
El 55,72% de las IVE (1.349) tuvieron financiación pública en Castilla y León, un porcentaje que fue superior en Salamanca, un 62,4% (118).
Más de la mitad de las mujeres que ejercen su derecho al aborto en la comunidad conviven en pareja (56%) y más de la cuarta parte vive con los padres/familia. Por provincias, Zamora registra el mayor porcentaje de mujeres que viven en pareja, Ávila con padres/familia y Soria el de las que viven solas, mientras que en Salamanca es donde más mujeres conviven con otras personas no pertenecientes al núcleo familiar.
El 50,2% de las mujeres que ejerce su derecho al aborto no tiene hijos a su cargo, mientras que el 49,4% sí tiene más hijos. En cuanto a los estudios, el 33,5% tienen Bachillerato o Formación Profesional, el 30,6% ESO y equivalente, y el 22% tiene estudios superiores universitarios; el 0,5% no tiene estudios.
La mayor parte de las IVE (89,5%) son a petición de la mujer, mientras que en el 10,5 por ciento restante el motivo es el grave riesgo para la vida o salud de la embarazada o por riesgo de graves anomalías o anomalías incompatibles con la vida o enfermedad grave del feto. Las primeras se realizaron todas antes de las 15 semanas de gestación y el 70% antes de la semana 9; en las motivas por riesgos para la embarazada o riesgo fetal, el 61,7% se realizaron después de las 15 semanas de gestación.