Al margen de las grandes operaciones policiales que acaban con redes mafiosas y empresarios sin escrúpulos imputados, la explotación laboral se ha convertido en un iceberg que no solo se desarrolla en espacios opacos e invisibles. Convive en los polígonos industriales, en explotaciones agrarias y ganaderas del medio rural, en sectores como la construcción o la hostelería, y también en el cuidado de personas dependientes. Desde algunos sectores se advierte que la falta de mano de obra es lo que está empujando a la contratación ilegal de inmigrantes en situación irregular, argumento que contrasta con el hecho de que España lidere el desempleo de la Eurozona con un tasa del 11,3 por ciento.
La realidad es que el número de víctimas de explotaciones laboral liberadas en Castilla y León se ha duplicado en el último lustro, pasando de las 29 de 2019 a la 64 del pasado año, a las que hay que sumar las once víctimas de trata con fines laborales que fueron rescatadas, según un informe realizado por la Secretaria de Estado de Seguridad (Ministerio del Interior) y al que ha tenido acceso Ical. Fruto de este trabajo policial, en total fueron detenidas 25 personas, 19 por explotación y seis por trata con fines laborales. La situación en el conjunto de España es similar y las víctimas de explotación laboral liberadas han pasado de las 394 de 2019 a las 612 del pasado año.
El jefe de la Unidad Orgánica de la Policía Judicial de la Comandancia de Ávila, el capitán Juan José Vallejo, reconoce que este incremento también es fruto de una mayor labor de vigilancia y destaca que en los últimos dos años casi se han duplicado las operaciones conjuntas que realizan con Inspección de Trabajo y que en en la mayoría de los casos acaban destapando casos de inmigrantes en situación irregular que están trabajando sin estar dados de alta en la Seguridad Social.
La Guardia Civil se enfrenta a muchos trabas para investigar este tipo de delitos, especialmente por las reticencias de las víctimas a denunciar a sus explotadores. En la mayoría de los casos los inmigrantes no son conscientes de que están siendo explotados, dado que las condiciones laborales de sus países de origen son aún peor. En este sentido, el capitán Vallejo reconoce que las víctimas suelen están agradecidas a quien les contrata, dado que su único objetivo es encontrar un trabajo que les permita enviar dinero a sus países de origen. Además, también desconocen que en el caso de colaborar con los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y con la Justicia no serán expulsadas de España.
Además, el capitán de la Policía Judicial también subraya los problemas a los que se enfrentan para identificar a las personas, especialmente a los subsaharianos. Conocedores que todas las peticiones de protección internacional solicitada por ciudadanos de Mali se suelen conceder de forma casi automática al ser un país que está inmerso en una guerra, cuando logran llegar a España muchos ciudadanos hacen desaparecer su documentación y aseguran proceder de Mali.
En el caso de la trata con fines de explotación laboral, las mafias se encargan de captar en los diferentes países de origen a las víctima, y una vez que llegan a España, otros miembros de la organización criminal les privan de su documentación y de sus salarios, y se convierten en sus vigilantes mientras trabajan.
Este ha sido el reciente caso de una operación realizada por la Guardia Civil en la localidad abulense de Candeleda, donde diez mujeres nepalís, captadas en su país, fueron liberadas después de ser explotadas y vivir en condiciones de habitabilidad e higiene “extremadamente precarias”, ya que dormían en colchones sobre el suelo, en una vivienda sin cristales y sin calefacción.
Estas diez mujeres vivían en un régimen de semiesclavitud. Privadas de su documentación, desde su llegada, salieron de la nave en contadas ocasiones y siempre acompañadas de una persona perteneciente a la organización, que las vigilaba constantemente. La inspección también permitió verificar que los contratos realizados a estas mujeres fueron tramitados con documentación falsa, ya que todas ellas se encontraban de forma irregular en España. Por si fuera poco, no recibían el dinero de sus nóminas, que era ingresado en cuentas bancarias de terceros.
En otros casos no se puede hablar de mafias aunque siempre hay un cabecilla que es el encargado de “reclutar” a los inmigrantes e intermediar con los empresarios para su contratación, como suele ocurrir en cuadrillas para trabajos agrícolas. En estos casos la contratación se suele realiza con documentación falsa, algo que puede desconocer el empresario. No obstante, en la mayoría de los casos el empresario, según el capitán Vallejo, el empresario “intuye” que hay alguna irregularidad.
Inspecciones
En Castilla y León el pasado se realizaron 348 inspecciones administrativas, lo que supone un incremento del 23,8 por ciento con relación a 2022, cuando se contabilizaron 281, pero una subida del 63,4 por ciento en comparación de 2019. Además, en estos últimos cinco años el número de trabajadores inspeccionados se ha duplicado, al pasar de los 662 a los 1.309. A nivel nacional fueron 5.893 las inspecciones realizadas en 2023, un 11,6 por ciento más que hace cinco años, mientras que el número de trabajadores inspeccionados pasó de algo más de 12.000 a 18.813 (+56,2 por ciento).
A nivel nacional, las actuaciones policiales emprendidas contra las redes de trata de seres humanos con fines de explotación laboral permitieron que el pasado año fuera liberadas fueron 195 víctimas dos de ellas menores. El perfil mayoritario de víctima es un hombre, de 23 a 27 años, natural de Colombia, Moldavia o Marruecos. Además, las víctimas rescatadas de situaciones de explotación laboral, pero sin la concurrencia de redes de trata de seres humanos, fueron 612, tres de ellas menores de edad, y con un perfil similar: hombre de entre 23 a 27 años, procedente de Marruecos, Colombia o España.
La acción de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado permitió desarticular en este caso 28 organizaciones criminales en el ámbito de la trata y explotación laboral, que culminaron con la detención de 334 personas. Como en el caso anterior, Policía Nacional y Guardia Civil realizaron 5.893 inspecciones administrativas en centros de trabajo, que permitieron la identificación de 18.813 trabajadores.