La Junta de Portavoces de las Cortes vivió este viernes, al fijar el orden del día del pleno de la próxima semana, una viva polémica entre PSOE y Mixto y el PP por limitar en cada sesión solo la toma en consideración de una proposición de ley, lo que para los primeros es una “imposición” mientras que el segundo dice que se ciñe al acuerdo del pasado mes de agosto.
En el orden del día del próximo pleno, se incluye la proposición de ley de medidas extraordinarias para impulsar la provisión estable y permanente de puestos sanitarios de difícil cobertura y garantizar la asistencia sanitaria en el Servicio de Salud de Castilla y León, presentada por los Grupos Parlamentarios Popular y Vox Castilla y León.
El Grupo Socialista pidió la inclusión de la proposición de ley de Derechos y Garantías de las Personas en el Proceso del Final de su Vida, la misma que presentó Francisco Igea, pero que, después de meses en la recámara, se paró su tramitación en Comisión y no llegó al pleno.
Luis Tudanca (PSOE) y Pablo Fernández (Podemos) censuraron que solo se pueda recoger una proposición de ley, señalaron no conocer el acuerdo al que se refiere el PP y hablaron de “una imposición de los populares”, en “connivencia”, según el procurador de Podemos, con el Letrado Mayor. “Es una vergüenza y una vagancia, no quieren trabajar”, aseveró el socialista.
El portavoz socialista argumentó que hay precedentes de debatir en un pleno dos proposiciones de ley y miró al Partido Popular y a Vox para manifestar que en la práctica no han roto el acuerdo e incluso que los ‘populares’ suplican a su socio “la vuelta del hijo prodigo”.
Según Pablo Fernández, el Partido Popular tiene “una especial inquina” a la iniciativa de derechos y garantías al final de la vida porque se presentó por Francisco Igea, su exsocio en el primer Gobierno de Fernández Mañueco, y ahora se ha recogido por el Grupo Socialista.
“Era la que correspondía”, alegó poco después el portavoz popular, Ricardo Gavilanes, que afeó a PSOE y Podemos que no quisieran que se debata una iniciativa para mejorar, a través de incentivos a los profesionales, la calidad e igualdad de la atención sanitaria en zonas limítrofes y de difícil cobertura.
Gavilanes reseñó el acuerdo de la Mesa de las Cortes y Junta de Portavoces “por unanimidad” de 26 de agosto de este año para seguir el orden de registro de una proposición de ley y argumentó que otras que se han presentado antes ha pasado su turno, están en la cola y deben esperar para su inclusión en el orden del día.
Por su parte, el portavoz de Vox, Juan García-Gallardo, rechazó entrar en “batallitas superficiales” y explicó que lo han dejado al criterio del informe jurídico y de la Mesa de las Cortes, si bien Tudanca le recordó que la Presidencia de la Cámara la ostenta un miembro de su partido.
Terna plaza TSJ
También, hubo polémica por la presentación del Grupo Popular en solitario de la terna que deben presentar las Cortes para cubrir la plaza de magistrado de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, que se votará en el pleno.
El PP propone a los magistrados Isabel Durán Seco, Luis Gonzaga de Toledo y Gernán Carreño Álvarez, para la que no hay acuerdo, como reconoció Tudanca desde el respeto a los propuestos, pero cargó contra el partido de gobierno para recordarle que está en minoría, después de que hayan hablado sin llegar a un acuerdo.
El socialista afeó la prisa en este caso mientras la renovación de las instituciones propias llevan más de dos años en funciones, como es el caso del Procurador del Común. “No es el mejor camino”, insistió Tudanca en relación al Partido Popular.
“No es el mejor momento”, respondió el portavoz popular cuando se le preguntó por la renovación de las instituciones propias, para alegar que el socialista está a la espera de un proceso congresual y no se sabe aun sí optará a un nuevo mandato o será elegir en caso de que haya primarias. “Hay que esperar al segundo periodo de sesiones”, apostilló.
En el orden del día, como avanzaron los portavoces, se debatirá una PNL del Grupo Socialista destinada a reconocer y elevar servicios para las 100.000 familias monoparentales de la Comunidad y otra del PP para abrir un diálogo entre el Gobierno y el sector turístico para llegar a un acuerdo en relación al régimen sancionador previsto en el Real Decreto de octubre.
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