El consejero de Movilidad y Transformación Digital, José Luis Sanz Merino, interpretó este lunes la abstención del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso de los Diputados ante una proposición no de ley del PP para revisar el mapa estatal del transporte como una “llamada de atención” al Gobierno central.
Dicha propuesta del Estado prevé la supresión de alrededor de 500 paradas de autobús en Castilla y León, según denunció la Junta.
“Valoramos positivamente que el Grupo Parlamentario Socialista, que es uno de los que sostiene al Gobierno de la nación se haya abstenido, es decir, no haya estado en contra de esta proposición no de ley -Congreso de los Diputados-, lo cual significa que están reflexionando de alguna manera sobre el mapa de transporte y lo que significa, es decir, están empezando a ser sensibles sobre la necesidad de reconsiderar esto”, afirmó el consejero durante su visita al municipio salmantino de Macotera.
Sanz Merino confió en que esta abstención derive en la convocatoria de la Conferencia Sectorial de Transportes.
El consejero insistió en la necesidad de diálogo: “Lo que queremos, simple y llanamente, es hablar, poner de manifiesto nuestros problemas. Porque el Ministerio lo plantea a un nivel técnico y bilateral con cada comunidad autónoma y el conjunto de la movilidad no puede tratarse de forma fragmentada. Hay que verlo en conjunto dentro de toda España y luego hay que descender, efectivamente, a nivel autonómico.
La movilidad es general y cada administración debe asumir sus responsabilidades y no derivarlas a otras”.
Sanz Merino recordó que la propuesta del Ministerio contempla una financiación de 25 millones de euros para las paradas suprimidas en toda España, una cantidad que la Junta considera insuficiente, estimando que esa cifra debería ser anual y destinada únicamente a Castilla y León.
“El Ministerio hasta ahora lo ha ofrecido por dos años. Ahora parece ser que quiere valorar otros sistemas de compensación, bien, está bien que se quieran reconsiderar las cosas, hay que hacerlo en el ámbito que corresponde”, reiteró, refiriéndose a la Conferencia Sectorial como el foro adecuado.
“El esfuerzo de la Junta de Castilla y León por mantener los servicios públicos y, en la medida de lo posible, aumentarlos, se ve truncado con un proyecto como el del Estado que, lisa y llanamente, supone hacer dejación de ese servicio y que otra administración se haga cargo de ello sin proceder a poner una financiación encima de la mesa, acorde con el volumen que significa”, recalcó el consejero.
Finalmente, Sanz Merino subrayó la importancia de un debate entre el Gobierno central y las comunidades autónomas, calificando la situación como “un problema político porque afecta a los ciudadanos de una manera esencial y a la España rural de una manera significativa, especialmente a Castilla y León, porque somos la comunidad más extensa, por lo tanto, con más trayectos y paradas en peligro”.
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