El nuevo curso parlamentario en las Cortes, en el último año de esta legislatura, se inicia con una decena de leyes presentadas por los grupos, en especial por el Socialista, que ha engordado la lista en el mes de diciembre con tres más, mientras que la Junta mantenía su contador a cero, cuya sequía rompe ahora con el proyecto de ley de Atención Integral a las Víctimas de Violencia de Género en Castilla y León.
De este listado, consultado por Ical, cuatro proposiciones de ley llevan la firma del Grupo Socialista, tres permanecen a la espera de PP y Vox cuando eran socios de gobierno, una de Soria Ya, otra de Vox en solitario y la última del Grupo Mixto, a instancia de Pablo Fernández (Podemos).
En el mes de diciembre, la oposición socialista, ya con el periodo congresual de renovación interna abierto, registró las proposiciones de ley contra la violencia de género, derecho a la vivienda e igualdad real y efectiva de las personas LGTBI+, dos de ellas presentadas en rueda de prensa por su entonces secretario general, Luis Tudanca.
El primer Consejo de Gobierno de 2025 aprobó el proyecto de ley de Atención Integral a las Víctimas de Violencia de Género en Castilla y León, el texto más “moderno e innovador”, según la definición de la vicepresidenta y consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, que afeó al Grupo Socialista su propuesta cuando este texto ya había sido anunciado por el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco.
En las Cortes, habrá dos leyes de similar contenido para dotar de más protección a las víctimas de violencia de género, a sus familiar y entorno, así como para extender la regulación a otros tipos de violencia como la vicaria, digital o tecnológica o la de segundo orden. Tanto Isabel Blanco, ya que el Ejecutivo autonómico no tiene mayoría, como Luis Tudanca han apelado al consenso para la aprobación de sus respectivos textos.
La Mesa de las Cortes acordó la admisión a trámite de esta proposición de ley en su reunión del pasado 12 de diciembre y su remisión a la Junta de Castilla y León para que manifieste su criterio respecto a la toma en consideración así como su conformidad o no a la tramitación, paso previo y obligatorio. Sin embargo, este jueves el portavoz del Ejecutivo, Carlos Fernández Carriedo, afirmó que no la han recibido aun, pero fuentes de las Cortes explicaron que se remitió en registro de salida el pasado 17 de diciembre.
En la misma fase de que se pronuncie la Junta para iniciar la tramitación en las Cortes, una vez admitidas por la Mesa, se encuentran las proposiciones de ley de modificación de la ley de 2010 del derecho a la vivienda de la Comunidad de Castilla y León y la de igualdad real y efectiva de las personas LGTBI+ de Castilla y León, tercera vez que entra en la Cámara, ahora en solitario, tras las presentadas junto a Ciudadanos, Podemos y Mixto, en 2018, y con Podemos, en 2019.
A la espera de su toma en consideración se encuentra la proposición de ley de derechos y garantías de las personas en el proceso del final de su vida, en la que el Grupo Socialista recogió el contenido de la fustrada firmada por Francisco Igea. Por primera vez, el dictamen de una ley fue tumbado por PP y Vox con polémica en Comisión y no llegó al pleno.
También, con polémica, no se incluyó en el orden del día del último pleno de diciembre, como pretendió el Grupo Socialista, puesto que el PP esgrimió un acuerdo para que a cada sesión solo fuera la toma en consideración de una proposición de ley y se decidió recoger la de puestos sanitarios de difícil cobertura. Sin embargo, esta regla se rompió en el plenario de 25 de septiembre cuando se produjo el debate de la norma de concordia, cuya tramitación decayó al quedarse solo Vox, y la socialista para dotar de más autoridad a los agentes forestales, que tampoco prosperó.
Enmiendas
Los grupos parlamentarios tienen abierto el plazo para la presentación de enmiendas a dos proposiciones de ley. Pablo Fernández (Podemos) saludó que, por primera vez, pasara el filtro una ley suya, como la relativa para modificar la ley de Publicidad Institucional, ya que Vox se abstuvo y dejó solo al PP en el “no”. La Mesa ha fijado el 19 de febrero como fecha límite para presentar las enmiendas.
La proposición de ley de medidas extraordinarias para impulsar la provisión estable y permanente de puestos sanitarios de difícil cobertura y garantizar la asistencia sanitaria en el Servicio de Salud de Castilla y León fue la última presentada en mayo por PP y Vox como socios, ya que su acuerdo de gobierno se rompió a primeros de julio. Su toma en consideración se produjo en el último pleno de 2024 y ahora está abierta a la presentación de enmiendas hasta el 28 de febrero.
Más tiempo en espera, y sin confirmación de sí seguirá su tramitación, permanecen las proposiciones de ley presentadas por PP y Vox para modificar la ley de creación del Servicio Público de Empleo y de modificación de la ley del ruido, que tuvieron que presentar los socios al caerse de su inclusión en la ley de medidas que acompañó a los presupuestos de 2024.
La PPL del Ruido, con la que pretenden sus proponentes corregir un error en su presentación inicial, ni siquiera se ha tomado en consideración pese a que la Mesa la calificó el pasado mes de mayo. Más de un año lleva en espera la relativa al Servicio Público de Empleo. Se tomó en consideración en noviembre de 2023, tuvo dos prórrogas a inicios de 2024 y desde abril de ese año cuenta con las enmiendas presentadas por PSOE, UPL-Soria Ya y Mixto.
Por último, está pendiente de su toma en consideración la proposición de ley de medidas contra la despoblación de Castilla y León, presentada por el Grupo UPL-Soria Ya, calificada por la Mesa en julio, pero sin que aun haya encontrado hueco en el orden del día del pleno, algo que ha lamentado el sorianista Ángel Ceña.