El consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, ha presentado en un acto con representantes de entidades sociales –de inclusión social y discapacidad–, con agentes económicos y sociales, universidades y entidades locales, entre otros, el programa del Fondo Social Europeo+ de Castilla y León para el periodo 2021-2027.
El programa movilizará 282.360.488 euros, de los cuales 113 millones –el 40 %–, son aportados por la Administración autonómica y 169,4 millones de euros –el 60 %– proceden de la Unión Europea.
La Unión Europea establece una financiación del 60 % al estar Castilla y León en el grupo de ‘regiones en transición’ junto con Galicia, Valencia, Cantabria, Asturias y La Rioja, entre otras, con un PIB per cápita entre el 75 % y el 100 % de la media de la UE.
Las regiones menos desarrolladas –Andalucía, Extremadura y Castilla-La Mancha–, por debajo del 75 % del PIB per cápita, y las ultraperiféricas cuentan con una financiación del 85 %; y la financiación es del 40 % para las regiones más desarrolladas –Madrid, País Vasco, y Cataluña, entre otras–.
La programación acordada en lo establecido en el reglamento del FSE+ por la Comisión Europea y los Estados Miembros tienen que cumplir, al menos, con la siguiente concentración temática: un 25 % destinado a inclusión social; un 12,5 % destinado a empleo juvenil; el 5% a luchar contra la pobreza infantil; al menos el 3 % de privación material, y al menos un 0,25 % de capacitación de interlocutores y agentes sociales.
El Programa del Fondo Social Europeo+ (FSE+) de Castilla y León es el resultado de un proceso transparente y participativo de la Junta con las distintas administraciones y entidades colaboradoras y de la experiencia acumulada de la Comunidad, que lleva gestionando Fondos Europeos desde 1989.
Cinco prioridades del FSE+
El programa FSE+ de Castilla y León, que fue aprobado el 2 de diciembre de 2022, se concentra en torno a cinco prioridades de inversión acordes con el Objetivo Político 4 de alcanzar ‘una Europa más social e inclusiva, por medio de la aplicación del pilar europeo de derechos sociales’:
1. La primera prioridad es el empleo, adaptabilidad, emprendimiento y economía social: cuenta con una dotación de 66,7 millones de euros para mejorar el acceso al empleo de todos los demandantes de empleo y, en particular, de las personas jóvenes, especialmente a través de la aplicación de la Garantía Juvenil, de los desempleados de larga duración y los grupos desfavorecidos en el mercado laboral, y de las personas inactivas, así como mediante la promoción del empleo por cuenta propia y la economía social. Asimismo, se pretende promover una participación equilibrada de género en el mercado de trabajo, unas condiciones de trabajo equitativas y una mejora del equilibrio entre la vida laboral y la familiar.
2. La segunda es la inclusión social y la lucha contra la pobreza: con una previsión de 79 millones de euros, el objetivo es fomentar la inclusión activa y promover la igualdad de oportunidades, la no discriminación y la participación activa, y mejorar la empleabilidad especialmente para los grupos desfavorecidos.
3. La tercera prioridad se dirige a la educación y la formación: con 44,9 millones de euros, el objetivo es implementar ayudas para la contratación predoctoral del personal investigador y las dirigidas a la adquisición de competencias digitales de los ciudadanos de Castilla y León. Además, se estable el objetivo específico de promover el aprendizaje permanente teniendo en cuenta las capacidades empresariales y digitales.
4. La cuarta prioridad se centra en el empleo juvenil: con 76,1 millones de euros se pretende mejorar el acceso al empleo y a medidas de activación de todos los demandantes de empleo, especialmente de los jóvenes, a través de la aplicación de la Garantía Juvenil y de itinerarios personalizados de inserción sociolaboral para jóvenes con discapacidad y el fomento del empleo de jóvenes en situación de dificultad sociofamiliar.
5. La quinta prioridad se dirige a la garantía infantil: cuenta con una asignación cercana a los 15,5 millones euros, con el objetivo de promover la igualdad de acceso a una educación y formación de calidad e inclusivas y su culminación, en particular para los grupos desfavorecidos, fundamentalmente a través de los programas de éxito y refuerzo educativo y para la sensibilización, fomento y mejora del acogimiento familiar en Castilla y León.
Con las actuaciones que se van a poner en marcha, en el ámbito de las anteriores prioridades se pretenden alcanzar los siguientes cinco retos:
- Reto 1. Tiene como objetivo la reducción del desempleo, la mejora de la empleabilidad y el desarrollo de acciones para la igualdad efectiva, especialmente entre los colectivos vulnerables como las personas desempleadas de larga duración, mujeres, personas con discapacidad, personas con baja cualificación y migrantes, jóvenes inscritos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil, ofreciendo incentivos al empleo estable y de calidad.
- Reto 2. Mejorar la formación y capacitación de la población, fomentar el aprendizaje permanente, el reciclaje profesional y la adquisición de competencias básicas o digitales, especialmente entre los jóvenes, promoviendo la retención de talento, la inserción laboral y el mantenimiento del empleo.
- Reto 3. Promover la igualdad de oportunidades y la no discriminación de los colectivos vulnerables y de las personas con discapacidad, mediante la orientación, el acompañamiento y elaboración de itinerarios individualizados de inserción sociolaboral al objeto de lograr una participación activa en el mercado laboral.
- Reto 4. Promover y garantizar una educación inclusiva y de calidad en todas las etapas formativas, destinando recursos para la adquisición de conocimientos científicos y la investigación, así como acciones para garantizar el acceso y culminación de los estudios, especialmente entre los colectivos desfavorecidos o vulnerables, incluyendo medidas de acompañamiento, refuerzo y ayuda.
- Reto 5. Fortalecer el sistema de protección a la infancia a través del refuerzo del sistema de protección social, desarrollando actuaciones de apoyo y acompañamiento o ‘mentoring’, con especial atención a los menores protegidos y/ o en situación de vulneración social.