La necesidad y oportunidad del convenio deriva del acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad “Valladolid Alta Velocidad 2003, S.A”, adoptado en su sesión de 14 de julio de 2017, por unanimidad de todos los socios. El nuevo convenio tiene como objetivo la integración permeable ferrocarril-ciudad, siempre bajo el principio de eficiencia en la gestión pública, facilitando la utilización conjunta de medios y servicios públicos cumpliendo con las normas de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.
Para ello, los socios han definido las actuaciones pendientes de ejecutar para el desarrollo de la solución de integración así como el balance económico de la operación; en concreto el convenio incluye los siguientes contenidos y compromisos de los socios:
- La finalización del Túnel Pinar de Antequera;
- La finalización de la nueva Base de Mantenimiento Integral (BMI) y la ejecución de la segunda fase del complejo ferroviario, que incluye, entre otros, la nueva estación de mercancías, el traslado de la empresa Redalsa, y un nuevo centro de tecnología de la vía (CTV);
- La definición de la alternativa de la integración que, manteniendo la estación y la infraestructura ferroviaria en superficie, ajustando en lo posible el ancho de la traza ferroviaria, propicie una mayor permeabilidad de la traza ferroviaria en la ciudad de Valladolid y contribuya a su mejor vertebración;
- La ejecución de la nueva estación autobuses;
- La adaptación del planeamiento urbanístico vigente para establecer la ordenación, usos e intensidades urbanísticas más convenientes en los terrenos que no son necesarios para la explotación ferroviaria, y que de esta manera permita obtener unos aprovechamientos que cubran los costes de la actuación.
El convenio firmado detalla los compromisos de cada una de las partes firmantes; desde el punto de vista económico, y supone la aprobación por parte de los socios de un plan financiero para la viabilidad de la sociedad que incluye la ejecución y financiación de las actuaciones urbanísticas y ferroviarias necesarias para la integración permeable ferrocarril-ciudad; tras el análisis de las actuaciones pendientes, el coste estimado pendiente de las actuaciones a ejecutar se estima en casi 300 millones de euros de los que el 25 % corresponde a la Administración autonómica.
Asimismo, la Junta de Castilla y León, como Administración que ejerce las competencias urbanísticas, se compromete a realizar los trámites necesarios para aprobar el planeamiento urbanístico modificado por el Ayuntamiento. El convenio permitirá la terminación en el plazo más inmediato posible de los nuevos talleres ferroviarios y el traslado a las nuevas instalaciones de los actuales talleres, afianzando el mantenimiento de la carga de trabajo y el empleo en los mismos, una de las finalidades especialmente perseguida por la Junta de Castilla y León, y resto de los socios de la sociedad Valladolid Alta Velocidad.