El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha confirmado la condena de dos años de cárcel al becario de la Universidad de Valladolid que dañó una veintena de ordenadores del Instituto de Biología y Genética Molecular de la UVA, en el que realizaba su doctorado, utilizando un usb-killer que atacó la placa base de los aparatos y los dejó 'fundidos'.
La sentencia de la Sala de lo Civil y Penal del TSJCyL, con sede en Burgos, desestima el recurso de apelación de la defensa de Daniel U.H, quien utilizó un 'usb-killer' para dañar la placa base de los ordenadores, y confirma en todos sus términos el fallo condenatorio dictado en junio por la Sección Segunda de lo Penal de la Audiencia vallisoletana, según informaron a Europa Press fuentes jurídicas.
El tribunal de primera instancia le consideró culpable de un delito continuado de daños en sistemas informáticos, en concurso medial ideal con otro de adquisición para su uso de un programa informático, con intención de cometer el anterior, y, amén de la citada pena privativa de libertad de dos años, le condenó a indemnizar con más de 20.000 euros al Instituto de Biología y Genética Molecular (CBGM) por el coste de la reparación de los ordenadores y por los daños causados por el tiempo que el ataque informático obligó a mantener cerrado el laboratorio, donde realizaba su doctorado.
El usb-killer, según la sentencia, es un dispositivo de fácil porte, entre cuyas funciones se encuentra el probar puertos usb contra ataques de sobretensión. Funciona conectándose al puerto usb de un ordenador, recolectando energía de las conexiones de alimentación hasta que alcanza alrededor de los 220 voltios, para posteriormente descargar rápidamente y varias veces por segundo la tensión almacenada sobre la placa base.
Este proceso que continuará sucesivamente mientras esté conectado a un ordenador o no pueda realizar la carga/descarga, en el caso que el circuito electrónico sobre el que esté conectado dejase de funcionar.
Teniendo presente que un puerto usb únicamente soporta alrededor de 5 voltios y el killer recolecta energía hasta alrededor de los 220 voltios para después descargarla, la utilización alrededor de 30 segundos de este dispositivo produce una sobrecarga casi instantánea en el ordenador al que se acopla, lo cual produce un daño que afecta inmediatamente a la placa base de cualquier dispositivo que contenga algún puerto USB, como un ordenador de sobremesa o portátil.
"Yo era el menos interesado en que ocurriera"
"¡Yo no he sido, es algo preparado contra mí, era el menos interesado en que ocurriera porque he perdido tres años de mi vida y mi tesis doctoral!", es la explicación que Daniel U.H. dio durante el juicio para desmarcarse de la destrucción, a través de la quema de sus placas, sufrida en octubre de 2017 por más de una veintena de ordenadores del Instituto de Biología y Genética Molecular (IBGM) de la Universidad de Valladolid, donde ejercía como becario.
Lo ocurrido en ese periodo, entre los días 19 y 30 de octubre de ese año, en el que 21 ordenadores, alguno de ellos particular, quedaron totalmente inservibles, fue el motivo por el que la Audiencia de Valladolid sentó en el banquillo al joven que por aquellas fechas era uno de los cuatro becarios que el doctor Carlos V, hoy jefe del IBGM, tenía a su cargo y que llevaba dos años y medio de tesis doctoral.
El entonces doctorando rechazó de plano ser el autor del sabotaje de los equipos informáticos y razonó que algunos días en los que los peritos de la empresa Hardtronic certifican que se produjeron las averías o bien no estuvo presente en el centro investigador o llegó más tarde.
Fue todavía más explícito, una vez prestada su declaración en sede judicial y ya a posteriori en los pasillos cuando sostuvo que su incriminación es fruto de "algo preparado" contra él y, a la vez, aseguró que era el menos interesado en sabotear los PC de uso académico.
"¡He perdido tres años de mi vida y mi tesis, cuando yo lo único que quería, mi gran sueño, era ser doctor!", advirtió Daniel U.H, aunque sin concretar quién pudo ser el verdadero autor ni los motivos.
Respecto del dispositivo utilizado para la destrucción de los ordenadores, el exbecario reconoció que adquirió el hardware el 13 de octubre de 2017 a través de Amazon con el único propósito de realizar experimentos de desparasitaje de gambas que criaba en un acuario en su casa, aunque sin resultado positivo.
Solo "un tanto mosqueados" con el profesor
Aunque las acusaciones pública y particulares, estas últimas ejercidas por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y la Universidad de Valladolid, atribuyen los daños intencionados a la mala relación que tenía el acusado con el director de su tesis, Daniel negó tal extremo y puntualizó que tanto él como el resto de becarios estaban un "tanto mosqueados" con el doctor Carlos V. porque "las tesis tenían que salir y el equipo de imagen no funcionaba".
Las principales sospechas se cernían sobre su persona porque varios ordenadores del despacho del citado doctor se averiaron cuando éste se ausentó unos minutos y el acusado entró para atender una llamada telefónica y, al mismo tiempo, por el hecho de que todos los PC, algunos en un intervalo de muy pocos minutos, quedaron inutilizados, a excepción del que, casualmente, compartía para su tesis doctoral con su amigo Enrique y también becario.
Sobre este extremo, el interpelado negó tener con Enrique una relación distinta a la que mantenía con el resto de doctorandos del laboratorio.
Como ejemplo de que las averías no pudieron ser casuales, el doctor apuntó que incluso un ordenador portátil personal que había llevado al laboratorio, pese a no estar enchufado a la red, también quedó inutilizado, y ello a pesar de que minutos antes había estado trabajando con él perfectamente hasta que se ausentó unos minutos del despacho.
"Cuando volví me extrañé porque estaba apagado. Ya no volvió a funcionar e incluso pensé que habían podido ser mis hijos, que me habían metido sin querer algún virus al meterse en Internet", manifestó el testigo.
El ahora condenado se enfrentaba a una petición de condena de entre seis años y multa de 130.000 euros por delito continuado de daños informáticos, tal y como interesaba la fiscal del caso, que alternativamente rebajó a cinco años y 80.000 euros, y los tres años de privación de libertad que solicitaban las acusaciones particulares.
En concepto de responsabilidad civil, el exbecario se enfrentaba a posibles indemnizaciones por importe global de casi 43.000 euros, en concepto de daños y perjuicios de los equipos y coste por pérdida de actividad, de ellos 26.198 para el CSIC y 16.710 para la UVA.