El entramado sería para falsificar los permisos de caza de macho de cabra montés en la Reserva Regional de Caza de Gredos, y fue conocido en marzo, cuando la Sociedad de Propietarios de la Sierra de Gredos denunció la existencia de documentación aparentemente manipulada para amparar cacerías de ciudadanos extranjeros.
Desde la Junta se corroboró este hecho al detectar una licencia de caza falsa que había sido utilizada por un estadounidense para cazar un macho de cabra hispánica.
Tras unas primeras investigaciones se descubren indicios suficientes para sospechar que con la colaboración necesaria de algún trabajador de la reserva y operadores turísticos de actividad cinegética, conocidos como orgánicos, se conseguían fácilmente la documentación necesaria para que sus clientes pudieran realizar viajes con fines de caza y cobrarse ejemplares de cabra hispánica. Tras la falsificación de la documentación y haber finalizado la cacería, realizaban las gestiones a posteriori de forma ordinaria falsificando la firma incluso del propio cazador, por lo que él mismo nunca era consciente del precio real de lo que cazaba.
Con estos datos un equipo de investigación de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil de Ávila, con apoyo de investigación tecnológica, inició la operación Milady.
Desde el inicio se confirmó que la licencia falsa era un simple error cometido por una trama organizada, la cual dejaba ver los ilícitos negocios de un entramado a través del que se manipulaban irregularmente permisos de caza de macho de cabra montés en la reserva de caza, los cuales están regulados por la Junta a través de un plan cinegético adjudicado a la asociación de propietarios, que habitualmente es de algo más de 200 machos y que adjudica en la tradicional subasta anual.
Cuando no se adjudica este cupo, la Asociación de Propietarios puede adjudicar directamente las autorizaciones, pero nunca a menor precio que el establecido como salida en la subasta.
En este caso llamaba la atención que la mayoría de estas adjudicaciones eran adquiridas por los denominados “orgánicos” u operadores turísticos, quienes las adquieren con unas ventajas económicas sobre el resto a través de regalos de piezas o precios más bajos.
Hasta el presente ejercicio la adquisición de las piezas de caza no ha sido gravada fiscalmente con el IVA que le pudiera corresponder lo que podría suponer un perjuicio para la Hacienda Pública, hasta el punto que alguno de los “Operadores Turísticos” investigados no tributan a la Hacienda Pública bajo ningún concepto, ni tan siquiera están dados de alta en la Seguridad Social, a pesar de facturar anualmente cientos de miles de euros.
La caza de los ejemplares más valiosos es realizada (una pieza puede sobrepasar los 20.000 euros) en la mayor parte de las ocasiones por ciudadanos extranjeros que las adquieren a través de los referidos Operadores Turísticos y a quienes se les facilita, desde la obtención de la Licencia de Caza, Autorizaciones de uso de armas, alojamiento, transporte, préstamo de armas… hasta la salida del trofeo del país obteniendo con esta actividad grandes beneficios económicos.
Durante la investigación han sido detectados y analizados más de 250.000 archivos informáticos, que previamente en su gran mayoría habían sido borrados, si bien el Equipo de Delincuencia Tecnológica de esta Unidad ha podido recuperar la mayoría de ellos con programas de análisis forense telemática. Se ha permitido establecer cómo se realizaba la falsificación de los permisos de caza y la valoración de los mismos. Dichos análisis pusieron de manifiesto cómo se realizaban y confeccionaban Permisos de Caza de dicha especie, para lo que se utilizaba fraudulentamente las firmas digitalizadas del Director de dicha Reserva y de la Responsable del Medio Natural en la Provincia de Ávila, así como diversos formatos de permisos y autorizaciones supuestamente normalizados.
Las piezas de caza son de “Dominio Público” gestionada por la propia Administración, en este caso por la Junta de Castilla y León y su explotación es cedida, mediante Convenio, a los titulares de los terrenos enclavados en la Sierra de Gredos, quienes las explotan a través de la Asociación de Propietarios, hallándose sujetos a las normas establecidas en el correspondiente Convenio y aportando a la Junta de Castilla y León una parte de los ingresos. Una pieza de caza puede tener un valor entre 12.000 y 20.000 euros de media, en función de las características morfológicas, especialmente de la cornamenta.
El equipo investigador ha instruido diligencias que han sido puestas a disposición del Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción de Piedrahíta.